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Economia

Domingo 17 de Noviembre de 2019

POLÍTICAS DE GOBIERNO

Créditos, reformular los UVA y Ministerio: el plan de Alberto

María Eugenia Bielsa estaría al frente de la cartera, pero también se menciona a ex ministro Florencio Randazzo.
 


El déficit habitacional de la Argentina sigue siendo uno de los talones de Aquiles de las últimas gestiones gubernamentales. Se cree que faltan unas 3,5 millones de unidades en todo el territorio y en un contexto en el que, además, en la última década empeoraron las condiciones para acceder a créditos para conseguir la casa propia.

En su exposición en el segundo debate previo a las elecciones, Alberto Fernández anunció que creará un Ministerio de Vivienda. “Vamos a crear un Ministerio de Vivienda porque hoy en esta ciudad hay 7.000 personas que deambulan sin encontrar un techo y es la ciudad más opulenta de la Argentina. Necesitamos darles a los argentinos una vivienda y vamos a construirlas. Y cuando las construyamos vamos a movilizar la economía. Vamos a darle también a los sectores medios la posibilidad de acceder a un crédito para que puedan tener su primera casa. Es mi compromiso”, aseguró el presidente electo.

Según las fuentes consultadas del Frente de Todos, la creación del Ministerio es un hecho, aunque como muchas cosas de la gestión que viene no hay confirmaciones ni mayores detalles. El principal nombre que se baraja para encabezarlo es el de María Eugenia Bielsa, arquitecta de profesión que obtuvo su título en la Universidad Nacional de Rosario y se desempeñó en distintos cargos públicos, siendo la vicegobernadora la provincia de Santa Fe, debajo de Jorge Obeid, entre 2003 y 2007. Es hermana de Rafael, el ex Canciller de Néstor Kirchner, y de Marcelo, el ex DT de la Selección de Fútbol.

En una recorrida por San Juan, hace pocos días, junto con Alberto Fernández, Bielsa dijo: “no hemos charlado al respecto de un lugar por ocupar, sí hemos recorrido obras y hablado con intendentes y gobernadores sobre cómo marchan los planes de viviendas y de la posibilidad de reactivar la construcción, un factor fundamental para que la economía se desarrolle”.

La arquitecta también aseguró que los créditos nominados en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) no favorecieron a la gente que compró su casa, sino que transformó al préstamo en un verdadero problema. “En vez de ser una solución como se lo presentó terminó siendo un trauma para quienes se arriesgaron a tomarlo”, dijo.

Por otro lado, y según las fuentes, se especula también con el nombre de Florencio Randazzo, que podría llevar adelante Transportes y Vivienda en una misma dependencia, pero son todos trascendidos, que nadie quiso confirmar por el momento.

El plan del PJ

Los equipos técnicos del PJ elaboraron un conocido documento en el que se hace mucho hincapié en el Hábitat y la Vivienda. Desde el entorno de Fernández aseguran que ese capítulo, que fue trabajado en el marco de 18 comisiones con la dirección de Ginés González García (ex ministro de Salud de la Nación entre 2002 y 2007) y la coordinación del arquitecto Santiago Pérez para el rubro, será la matriz de la gestión próxima. En este trabajo se hace eje en que el Estado volverá a ocupar el rol de financiador y no sólo de facilitador de los recursos y proyectos.

Allí se hace una fuerte crítica a lo realizado por Cambiemos. Según el texto, durante el gobierno de Mauricio Macri se renunció a la responsabilidad estatal “de aumentar la equidad social, geográfica y económica, e impulsó la desintegración, la segregación y la desarticulación de las políticas públicas de vivienda, proponiendo una división entre las áreas destinadas a atender negocios inmobiliarios, por un lado, y, por otro lado, las de asistencia a la pobreza. Profundizó así la mercantilización del acceso al hábitat, reemplazando los fondos específicos de subsidios cruzados por recursos que provinieron del sistema financiero".

De ese extenso documento se deduce que desde el 10 de diciembre la administración que encabezará Alberto Fernández volverá a enfocarse en que se reactive la construcción con líneas para edificar viviendas, ampliarlas o refaccionarlas, con la premisa de “levantar complejos habitaciones inclusivos y que esta acción transite de Norte a Sur en todo el territorio". También se habla de que los créditos UVA se anularían o se reformularían y se asegura que “el 60% del déficit habitacional no requiere la construcción total de viviendas nuevas, sino la puesta en valor de las existentes”.

Otros puntos:

- Otorgar créditos para ampliación y terminación de viviendas, desarrollando en forma local la generación de trabajo y la reactivación productiva del sector.

- Suspender la enajenación de bienes del Estado y recuperar el carácter redistributivo, de desarrollo local y regional de la administración de esos bienes.

- Organizar medidas de urgencia para socorrer a quienes hoy viven en la calle, desde los municipios y organizaciones del pueblo, con ayuda económica del Estado Nacional.

- Reformular el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), ampliando los recursos y otorgándole progresividad a la fuente.

Qué pide la industria

Los desarrolladores inmobiliarios sintieron poco respaldo de la gestión que está por dejar el poder, y le reclaman al gobierno entrante que se implementen medidas que alienten a los argentinos a volver a invertir en el segmento.

Al respecto, Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), sostuvo, que, “la gente compra dólares con sus ahorros, pero necesitamos que vuelvan a confiar, a apostar por los ladrillos, un sector que, además, genera empleo y las viviendas que tanto necesitamos. Hay que ser muy cuidadosos respecto de los cambios en la Ley de Alquileres y los aumentos de impuestos al patrimonio porque podrían llegar a generar el efecto contrario”.

Por otro lado, el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) pidió hace poco que se declare la emergencia del sector y propuso una serie de iniciativas a implementar con vistas a normalizar la actividad. Se tratan de “acciones estructurales y de coyuntura para aplicar en los primeros 200 días del nuevo gobierno, para mantener el empleo y la actividad", detallaron.

Los integrantes del Consejo, que lidera su presidente, Julio Crivelli, coinciden en resaltar que “el sector sufre hoy, amplificados, los efectos de la recesión actual y lo previsible para los próximos meses”. Se considera que “las empresas del sector de la obra pública sufren graves perjuicios por los atrasos en los pagos de las obras certificadas, demoras no razonables en la tramitación y aprobación de las redeterminaciones de precios pactadas contractualmente, e incluso la aplicación de sanciones por incumplimiento del plan de trabajo cuando existen razones que lo justifican”.

Además de pedir la emergencia del sector, la Camarco expresó que deben implementarse de manera urgente las siguientes medidas: calcular y consolidar la deuda devengada en los contratos vigentes, emitiendo documentos de pago negociables o compensables; y la generación de un nuevo y urgente plan de viviendas sociales a través de convenios con los Institutos Provinciales de la Vivienda no menor a 40.000 unidades en todo el país, que motorice la economía de manera federal atacando de manera directa la pobreza y la falta de empleo.

Desde la Secretaría de Vivienda que encabeza Iván Kerr, no recogen el guante ni del sector ni de las críticas del peronismo. Aseguran que “se trabajó muy bien estos 4 años” y que, hasta la fecha, se edificaron o están en construcción 89.536 viviendas sociales, que a través del plan Procrear se hicieron 29.003 operaciones en UVA y que se comercializaron 8.461 lotes con servicios.

Algunas fuentes del sector privado consultadas por Infobae coinciden en que la realización de un nuevo blanqueo de capitales sería una buena posibilidad para motorizar al segmento y seducir a los argentinos que tienen fondos en el exterior para que inviertan en ladrillos locales. “Si se da, a quienes accedan les daría un premio importante que se traduzca en la quita de impuestos, y una vez blanqueado el capital, que este se destine a las obras de propiedades con la obligación de que cuando se terminen de levantar los edificios, los alquilen por 5 años. De esa forma, haríamos que traigan el dinero, no se les cobraría impuestos y se generaría mucho trabajo en la construcción. Ayudaría a la economía y el mercado locativo tendría que bajar los precios en los alquileres”, explicó Armando Pepe, presidente del Colegio Profesional Inmobiliario.

Más allá de las especulaciones sobre cargos y estructuras, queda claro que inquilinos, desarrolladores, las constructoras y otros profesionales que se desenvuelven en la actividad, exigen desde hace un tiempo que la vivienda sea un tema prioritario de la agenda gubernamental y que no todo quede atado a la coyuntura y a los vaivenes de una debilitada economía.

INFOBAE

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