LOS CHOFERES DE LA UTA RECLAMAN UNA SUBA DEL 34 POR CIENTO

Con el aumento del boleto se podría pagar hasta un 50% más de salarios

Un cálculo elaborado sobre números oficializados, arroja como resultado que las concesionarias del sistema de transporte público, tienen con el incremento de la tarifa, utilidades más que suficientes para afrontar la demanda salarial de los empleados. Pero como todavía no se concreta, resurgió el malestar en la UTA.

El incremento de la tarifa del transporte público de pasajeros, que tenía como sustento mejorar los salarios de los choferes del sector, al parecer no alcanza. Algunos legisladores comunales volvieron a amenazar con nuevos incrementos; los empresarios también salieron a quejarse y ayer los empleados agremiados en la UTA desarrollaron una asamblea en la que plantearon que los incrementos prometidos hasta el momento siguen siendo eso: promesas.

 


El fantasma de renovadas medidas de fuerza resurgió en las últimas horas, a una semana del voto favorable del Concejo a la tarifa recompuesta. Y si bien la mayoría de los ediles minimiza la cuestión, no son pocos los que creen en que el origen del proceso vuelve a repetirse invariablemente: primero el descontento, después de las quejas, luego los paros y finalmente la tarifa.

 


En verdad, el aumento del boleto que aprobó hace ocho días el Concejo capitalino debería alcanzar con creces para aumentar no sólo el 34 por ciento que reclaman los empleados sino aún más, según el resultado de la evaluación que arrojan los números del sistema de transporte.

 


El tema es que los guarismos, así como pueden ser reales, también pueden ser fácilmente refutables en virtud de la falta de control. Supuestamente Capital corta 32 millones de boletos al año, con lo que daría una renta para nada despreciable. Pero lo cierto es que nadie puede certificar la veracidad de esos datos que se mantienen estables, como otros valores, desde hace una década.

 


Algunos incluso sostienen que jamás se llegó a ese valor, pero como persiste una falta absoluta de contralor (recién el jueves pasado se votó una ordenanza que corregiría el asunto), las empresas lo ratifican, como también el kilometraje recorrido y la carga por unidad, entre otras cosas para embolsar subsidios: los que reciben por la cantidad de pasajeros y los que reciben por combustible, que no se tuvieron en cuenta para calcular la posibilidad de las empresas de solventar sobradamente, con la tarifa a 1,30, el aumento que reclaman los trabajadores.

 


Otra sería la historia si se tiene en cuenta lo que ingresa por combustible a las arcas de las concesionarias. Los concejales dicen (con números empresariales) que un colectivo ocupa de base unos 3.000 litros de gasoil por mes. De ese total, 1.200 litros vienen subsidiados. Las empresas pagan 42 centavos lo que vale, en el mejor de los casos 2,20 el litro; 2,50 en el peor de ellos.

 


Todo esto, que es sólo la punta de una discusión larga, a veces desconocida por la propia ignorancia comunal (que no cuenta con información vital, actualizada y real sino que más bien institucionaliza lo que dicen los empresarios), intenta decir que con la suba de 30 centavos, los conductores deberían recibir un aumento promedio de entre 800 y 1000 pesos, que es mucho más de lo que en verdad reclaman teniendo en cuenta el monto actual que perciben.

 


Y esto cobra relevancia a tres días del aumento actualizado, puesto que por diferentes canales se azuzó un descontento que pretende justificar un nuevo movimiento de presión ante el Concejo, que demostró, con sus propios argumentos, que siempre está dispuesto a preservar el sistema.

 

 




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