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Julio Piumato, secretario General de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), en comunicación con Sudamericana, se expresó acerca del comunicado que se publicó en los últimos días acerca de las medidas que se intentan aplicar en Rosario en la pelea contra el narco. El gremialista refirió que se trata de un modelo improvisado, porque al narcotráfico no solo se le hace frente desde la Justicia y en el cual, los funcionarios "se encuentran regalados" y les falta protección.
El funcionario afirmó que “hay muy pocos fiscales para llevar adelante la tarea”, por lo que consideran que las experiencias en otras provincias son claras: “prácticamente en Salta y Jujuy no hay juicios”. Y agregó: “Los fiscales no dan abasto”. En esta línea, consideró que si ninguno de los procesos llega a Casación Federal es porque “no satisface a los narcos”.
En esta línea, afirmó que con este modelo de seguridad que se intenta implementar en Rosario, están improvisando, cuando el sistema implica una transformación más profunda. Esta incluye adaptar el sistema edilicio, contar con jueces y fiscales suficientes para llevar adelante la cuestión, capacitar al personal, reforzar al personal del Sistema Judicial y del Ministerio Público Fiscal y, por supuesto, contar con los fondos suficientes.
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“Hoy la justicia, fundamentalmente en Santra Fe, es un trabajo riesgoso”, afirmó Piumato. “Los fiscales están obligados a hacer proposiciones de acuerdo de penas”. En este sentido, “los arreglos pueden ser hasta 6 años” cuando “hay narcos que por el mal que hacen merecen más años”.
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Para Piumato, toda la atenión que se generó en Rosario es consecuencia de la improvisación que se aplicó en las cárceles. De este modo: “Pagaron 4 víctimas, trabajadores inocentes como represalia de las cárceles”, afirmó. Sostiene que es necesaria una “sincronización” entre el sistema provincial y el federal.
El gremialista reconoció que en Rosario: “los fiscales y jueces” no están protegidos. Asimismo, agregó que “están regalados”. Por lo cual se necesita una readecuación edilicia que brinde mayor protección a los funcionarios judiciales en la guerra contra el narco.
