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El secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes, Yamandú Barrios, dialogó con Radio Sudamericana y adelantó que se aplicarán las multas correspondientes a las empresas que no cumplieron con el servicio. “Más allá de las excusas que se den, están incumpliendo el contrato de concesión que se tiene”, explicó. Respecto de la medida, desde el municipio indicaron que en la conciliación es obligatorio el levantamiento del paro por el plazo de 15 días hábiles.
El secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes, Yamandú Barrios, confirmó que se notificará la conciliación obligatoria, lo que implicará el levantamiento del paro de colectivos por un plazo de al menos 15 días hábiles, mientras continúan las negociaciones entre las empresas y el gremio.
“El paro se tiene que levantar a partir de la notificación formal de la conciliación obligatoria”, indicó el funcionario en diálogo con Radio Sudamericana, tras una extensa reunión mantenida durante la tarde y noche del jueves, que no logró destrabar el conflicto.
El funcionario indicó que el Municipio realiza "esfuerzos extraordinarios para sostener el sistema de transporte público de pasajeros" y alegó “Corrientes destina más de 10.000 millones de pesos por año, lo que representa cerca del 6% del presupuesto municipal, para subsidios directos y para sostener el boleto estudiantil gratuito, que es una política de Estado”, explicó.
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En ese marco, sostuvo que no es posible aumentar el aporte económico y dijo “más de lo que el Municipio está poniendo es absolutamente imposible”.
El funcionario detalló que actualmente los choferes perciben 1.200.000 pesos en blanco, más 100.000 pesos no remunerativos, mientras que el reclamo sindical apunta a alcanzar 1.370.000 pesos en blanco, más viáticos diarios. “Estamos hablando de una diferencia de entre 300.000 y 400.000 pesos mensuales por chofer”, precisó.
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En la entrevista destacó la actitud de la empresa Miramar, que mantuvo el servicio en funcionamiento, y diferenció su comportamiento del de Ersa y San Lorenzo, que permanecen sin circular. “Desde el primer momento realizamos las constataciones correspondientes para dejar habilitada la vía administrativa y aplicar las sanciones que correspondan”, afirmó.
“En abril debemos iniciar un nuevo proceso licitatorio del transporte público. Allí se evaluará quiénes cumplieron con el contrato y quiénes no”.
"Entendemos los intereses sectoriales, tanto de las empresas como del gremio, pero no se puede negociar bajo presión. Con la conciliación obligatoria, el paro debe levantarse; de lo contrario, la medida será declarada ilegal”.
“Esperamos que prime el sentido común y que se pueda discutir el transporte público en términos de calidad y sostenibilidad, sin perjudicar a los usuarios”, concluyó
