"Va a depender mucho del criterio que tenga el Ministerio Público Fiscal"

El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir este sábado y en Chaco los distintos actores del sistema judicial empezaron a definir cómo se aplicará ante los casos que involucren a adolescentes. Juan Pablo Lubary, titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 3 de Resistencia, explicó que la intervención dependerá de las decisiones que adopte el Ministerio Público Fiscal en cada caso.

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En diálogo con Radio Sudamericana Chaco, Lubary señaló que los magistrados de las distintas circunscripciones comenzaron a mantener reuniones con integrantes del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y la Policía para establecer pautas de actuación ante delitos cometidos por menores de edad.

“Cada circunscripción lo va a ir articulando de manera específica y diferenciada”, explicó el magistrado, quien indicó que el trabajo será evaluado periódicamente para analizar cómo evoluciona la aplicación de la reforma.

El viernes, el procurador general Jorge Canteros y el procurador adjunto Miguel Fonteina encabezaron una reunión con fiscales, representantes de fiscalías de cámara y jueces de Niñez, Adolescencia y Familia de la Primera Circunscripción, con sede en Resistencia.

Durante el encuentro se planteó la necesidad de unificar criterios de actuación entre las fiscalías y establecer un esquema de trabajo que permita garantizar la celeridad de los procesos. Según se informó, las autoridades volverán a reunirse dentro de 30 días para evaluar los avances.

Lubary explicó que uno de los puntos que deberá definirse es qué tipo de hechos serán efectivamente imputados a los adolescentes. Mencionó como ejemplos una pelea a la salida de una escuela con lesiones, hurtos u otros delitos considerados menores.

En ese sentido, señaló que también podría aplicarse el criterio de oportunidad previsto en el artículo 8 del Código Procesal Penal. “Va a depender mucho del criterio que tenga el Ministerio Público Fiscal para querer imputar de ciertos delitos o no a los adolescentes. Vamos a ir viendo sobre la marcha cómo va a ir evolucionando la situación y cómo se va a ir trabajando”, sostuvo.

El magistrado también se refirió a las condiciones de alojamiento. Explicó que el tema fue abordado en las reuniones, pero que hasta el momento no existe una comunicación oficial del Poder Ejecutivo sobre dónde serían alojados los adolescentes que eventualmente reciban una condena.

“Nosotros no hemos tenido todavía ninguna comunicación oficial desde el Ejecutivo con relación a eventualmente en caso de que recaiga algún tipo de condena a dónde iría el adolescente”, afirmó.

Por el momento, la Aldea Tres Horquetas continúa funcionando como el único centro socioeducativo de régimen cerrado de la provincia para adolescentes de 16 a 18 años en conflicto con la ley penal.

Consultado sobre quién debe definir los lugares de alojamiento, Lubary indicó que, en principio, esa decisión corresponde al Ministerio de Seguridad. “Son ellos los que tienen que determinar en principio el lugar de alojamiento pero como digo a nosotros a la fecha respecto de adolescentes procesados por delitos siguen estando en la aldea al día de la fecha y es toda la información oficial que tenemos”, señaló.

El nuevo régimen establece que los adolescentes mayores de 14 años pueden ser imputados por delitos, aunque continúan bajo un sistema penal especial. La normativa contempla condenas, medidas alternativas y, en determinados casos, privación de la libertad.