El surfer pidió que le devuelvan la camioneta y las tablas

Federico Llamas, el surfer que volvió de vacaciones de Brasil y violó el aislamiento social obligatorio, le pidió a la Justicia que le devuelva la camioneta con la que se fugó a Ostende y sus tablas de surf, todo secuestrado y embargado como parte de la causa penal en la que quedó imputado. Pero la Justicia rechazó el pedido.

Primero, el fiscal federal de San Isidro Federico Iuspa dictaminó por mantener todas las medidas cautelares que están dictadas. Y el juez federal Lino Mirabelli ya rechazó el pedido porque el vehículo y la tablas podrían ser decomisados ante una eventual condena de Llamas, informaron a Infobae fuentes judiciales.

El martes 24 de marzo Llamas, de 27 años, fue detenido en su Ford Explorer en uno de los controles que la Prefectura Naval hacía en la Ruta Panamericana para cumplir con el aislamiento obligatorio que el gobierno de Alberto Fernández había dictado cuatro días antes.

Llamas explicó que estaba regresando de vacaciones de Brasil. Se enojó con los periodistas que cubrían la noticia y la Prefectura lo escoltó hasta su casa en el barrio porteño de Flores, donde debía cumplir un estricto aislamiento de 14 días, ya que había regresado desde un país catalogado de riesgo, a la espera de si tenía algún síntoma del virus.

Pero una cámara de seguridad registró como ese mismo día se escapó a Ostende, donde estaban sus padres. El juez Mirabelli ordenó su detención y quedó con la obligación de hacer el aislamiento en esa ciudad.

El caso del surfer tuvo tanta repercusión pública que hasta opinó el presidente Fernández, que lo llamó “idiota”. "Vemos a un idiota que se escapó de su casa y apareció en Ostende. Esas personas van a tener que explicar mucho”, dijo Fernández.

Como Ostende está bajo jurisdicción de la Justicia federal de Dolores, el juez de esa ciudad, Alejo Ramos Padilla, secuestró la camioneta de Llamas y se le trabó un embargo de 500 mil pesos sobre sus bienes, entre ellos las tablas de surf. Al cumplir con las medidas urgentes, el magistrado le envió la causa a su par de San Isidro.

Luego, Llamas fue liberado –pero deberá permanecer en el domicilio para cumplir con el aislamiento– y se lo citó a indagatoria, trámite que se hará cuando finalice la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Pero ahora el surfer pidió que le devuelvan la camioneta y se levante el embargo. Su defensa, a cargo del abogado Roberto Herrera, sostuvo que al estar en aislamiento ninguna de las medidas dictadas en la causa tenía sentido que continuara y que además fueron dictadas por el juez de Dolores que ya no interviene más.

El fiscal Iuspa explicó que el secuestro del auto y el embargo sirven para asegurar un posible futuro decomiso si Llamas es condenado. “Las medidas cautelares dispuestas encuentran sustento jurídico y probatorio que habilita a su dictado”, dijo el fiscal en su dictamen que dio a conocer el sitio web Fiscales.gob.ar.

Iuspa también criticó la conducta de Llamas para sostener los embargos. Dijo que tuvo “cierta reticencia o desapego” para "el acatamiento de las leyes, máxime en una situación de extrema gravedad y emergencia como ésta que es de público conocimiento” y remarcó que la Justicia tuvo que ponerle una consigna policial en su casa para que no vuelva a violar el aislamiento.

En una resolución de seis páginas, el juez Mirabelli rechazó el pedido y mantuvo en custodia de la Justicia la camioneta Ford y las tablas de surf. “Ha quedado demostrado en el expediente cierta renuencia de Llamas de someterse, incluso ya con intervención judicial mediante, al aislamiento social preventivo y obligatorio en las condiciones instituidas por el Decreto número 260/2020, lo que permitiría suponer, no sólo que de tener el auto en su poder podría intentar nuevamente violar el aislamiento mediante la utilización del vehículo secuestrado –lo que ya de por sí habilita sobradamente a no proceder a su devolución– sino que también podría tornar incierta la titularidad registral de ese bien y la propiedad de los restantes y con los cuales, eventualmente, debería soportar los gastos de este proceso para el caso de que se lo encuentre responsable de una conducta criminal”, sostuvo el magistrado.

El juez señaló que los bienes secuestrados y embargados pueden servir, en el caso de que Llamas sea condenado en un juicio oral, para ser decomisados y cubrir los gastos del operativo que demanda su custodia y del proceso penal.