La Justicia investiga al gobierno de Salta por unas 50 vacunas VIP

El Gobierno de Salta también deberá dar explicaciones a la Justicia por la presunta aplicación de las vacunas contra el coronavirus fuera de protocolo. Bajo la mirada judicial se encuentra, principalmente, la adjudicación de dosis a unos 50 trabajadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que fueron inmunizados como “trabajadores prioritarios de alto riesgo”.

A raíz de varias denuncias públicas, el fiscal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, inició -de oficio- la investigación por supuestas irregularidades en la adjudicación y aplicación de dosis de la Sputnik V en la provincia del norte argentino. El funcionario del Ministerio Público dispuso distintas medidas para reunir elementos de prueba.

Toranzos puntualizó que se trata de la vacuna rusa adquirida por gestiones del gobierno nacional para contrarrestar los efectos del coronavirus, “vacunas que fueron distribuidas a través del Ministerio de Salud de la Nación a cada provincia, según los criterios y protocolos establecidos para su distribución”.

Ante las sospechas que hace varios días publican los medios locales, “el fiscal dispuso la apertura del caso a fin de determinar la posible comisión delictiva en la adjudicación de las dosis de vacuna, hecho que, de ser confirmado, habría causado un perjuicio al Estado Nacional”.

El funcionario judicial solicitó informes a los organismos involucrados en la distribución y aplicación de las vacunas, como así también la conformación de los protocolos y prioridades.

Uno de los pedidos de informes fue dirigido a las autoridades del Ministerio de Salud Pública de la provincia, a cargo de Juan José Esteban. El fiscal le requirió a la cartera que dirige cuántas vacunas contra el Covid-19 fueron adjudicadas a Salta por parte del organismo nacional.

Asimismo, solicitó que se indique “si dentro de las partidas remitidas, se encontraba determinados o nominados los organismos y/o persona destinatarias en la jurisdicción, con registro o no en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, debiendo individualizar y remitir listado de los beneficiarios y las personas que tuvieron a su cargo su aplicación”.

También pidió el “listado de personas vacunadas” por ese organismo y detalles como el cronograma, protocolo de aplicación de la vacuna, fechas, remesas y lugares de aplicación, entre otros. Por último, se requirieron además especificaciones sobre personas que hayan recibido la vacuna fuera del protocolo establecido.

En ese sentido, se solicitaron -entre otras medidas- las instrucciones dispuestas para las supuestas excepciones, como la nómina de los responsables del plan establecido de vacunación dispuesta por la provincia.

El gobernador Gustavo Sáenz fue uno de los presentes en el acto en el presidente Alberto Fernández, recién llegado de México, se quejó por las denuncias sobre vacunación VIP en la Argentina. “A pesar del esfuerzo que el Gobierno hace por conseguir vacunas nos enredan en discusiones que no son importantes”, dijo enojado el Presidente.

La explicación del Gobierno de Salta

En comunicado, el Ministerio de Salud de la provincia confirmó la entrega de las vacunas, fuera del protocolo consignado por Nación, y lo justificaron.

“La jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, informó que, como todos los años, llegan al Ministerio de Salud diferentes solicitudes de vacunación. Específicamente, el CIF envió una nómina de 50 trabajadores prioritarios de alto riesgo por la tarea que realizan”, indicaron desde la cartera de Salud.

“Son de primera línea y fueron vacunados en servicios de salud médicos, enfermeros, evisceradores, radiólogos, anatomopatólogo, personal técnico, forenses”, argumentó la funcionaria.

Sin embargo, de acuerdo con la información que dio a conocer el Ministerio Público salteño, la Procuración General, su Coordinación General y el Servicio Médico del organismo no estaban al tanto del pedido de vacunas por parte del CIF, informó El Tribuno.