ADEPA cuestionó el fallo judicial que prohibió a los medios hablar del caso M

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) sacó un comunicado a través del cual cuestionó la decisión de la Justicia de impedir a los medios hablar del caso de M., la menor que fue secuestrada por un cartonero y hallada con vida tres días después.

“Estas medidas judiciales son claramente abusivas y desproporcionadas, en tanto exceden la protección de la intimidad de los menores referenciada en el artículo 22 de la ley 26.061, ya que impiden taxativamente a la sociedad el derecho a la información en un tema que es de evidente interés público”, se lee en el documento.

Para ADEPA, la medida no solo implica un caso de censura previa sino también posterior porque viola el artículo 24 de la Constitución Nacional “Lejos de proteger derechos de los involucrados, (la prohibición) termina consagrando la invisibilización de una realidad que la sociedad tiene el derecho de conocer”.

El documento destaca la importancia que tuvieron los medios de comunicación para que M. fuera hallada con vida. “Las entidades de medios de comunicación no pueden dejar de traer a colación que el secuestro concluyó con la intervención de una mujer que pudo reconocer al secuestrador y a la niña por las imágenes que había visto en las coberturas periodísticas y, junto con un trabajador que también los reconoció, llamaron a la policía que actuó de la forma que todo el país pudo ver también por los medios de comunicación”.

La decisión de la Justicia

En dos oficios judiciales remitidos a los medios audiovisuales a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) el Juzgado Civil 92 dispuso dos cosas. Por un lado, “la prohibición de cualquier publicación por medios de acceso público radial, televisivo o digital cuyo contenido gráfico o audiovisual implique y lesione en forma directa e indirecta el derecho a la intimidad de la niña (…), debiendo las empresas correspondientes proceder en forma inmediata a su supresión y abstención de nuevas publicaciones, con independencia de los términos y condiciones que regulen el  servicio prestado”.

Por otra parte, prohibió “cualquier publicación por medios de acceso público, sea radial, televisión o digital cuyo contenido gráfico o audiovisual involucre a la madre de la niña (…), debiendo asimismo abstenerse de hacer mención a la niña (…) bajo ningún pseudónimo y/o inicial ni hacer referencia que permita individualizarla a ella ni a su grupo familiar. Todo ello bajo  apercibimiento de aplicar una multa de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000) por cada incumplimiento”.