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Lunes 11 de Abril de 2022 - Actualizada a las: 15:25hs. del 11-04-2022

ENTRE RÍOS

Condena a Urribarri: "Es una decisión bien fundamentada"

“Se me cayeron unas lágrimas”, reconoció en Radio Sudamericana la fiscal anticorrupción que aún paga el precio por investigar a Sergio Urribarri. Cecilia Goyeneche fue suspendida de su cargo en noviembre mientras llevaba adelante la investigación contra el exgobernador de Entre Ríos.  


Cecilia Goyeneche es la fiscal anticorrupción y procuradora adjunta de Entre Ríos, que motorizó la causa por corrupción por la que terminó condenado recientemente el exgobernador de esa provincia, Sergio Urribarri. Fue suspendida, y con un jury abierto, pero reconoció ante Radio Sudamericana la satisfacción por su trabajo.

Goyeneche siguió a la distancia la lectura de las 12 páginas que leyó el Tribunal para determinar la sentencia de ocho años de prisión contra Urribarri por desvío de fondos. En 2018, García le asignó las funciones de Fiscal Anticorrupción, una figura que había sido establecida en la Constitución provincial sancionada en 2008, aunque no había registrado avances en su implementación desde entonces.

El 20 de septiembre, dos meses después de estar en el cargo, un caso retumbó en el poder político provincial. Un policía que custodiaba un cajero notó una operación extraña. Durante un tiempo prolongado, varias personas extrajeron dinero desde varias tarjetas de débito. “Lo estaban ordeñando”, comparó Goyeneche.

El aviso del oficial de policía a sus superiores derivó en que se siguiera a los sospechosos, se los detuviera antes de ingresar a sus domicilios y se realizara un allanamiento a continuación. “La acción dio lugar a la causa de corrupción más grande de la provincia”, resumió Goyeneche.

Adentro, se encontró que los sospechosos tenían tarjetas de terceras personas que habían sido entregadas por la Legislatura provincial de Entre Ríos. E infinidad de anotaciones que daban cuenta de un sistema que se había montado desde 2008 y que utilizaba a ciudadanos entrerrianos como “prestanombres”. El caso la puso al frente de una investigación caliente para el poder local.

“Les hacían creer que les estaban dando un subsidio y en realidad lo que estaban haciendo era contratarlos como personal temporario de la Legislatura. En ese contrato les daban el 10% del monto que se cobraba y el resto lo juntaba una organización delictiva en la que participaban los responsables administrativos de las cámaras y el dinero se distribuía entre ellos”, añadió.

La causa por estos “contratos fantasmas”, que alcanzó entre 300 y 600 personas, representó un “desfalco” por más de 52 millones de dólares a lo largo de diez años, según Goyeneche. “Desconocemos para que utilizaban ese dinero, pero lo cierto es que desaparecía de las arcas públicas”.

Mientras avanzaba la investigación, comenzaron las presiones. Como Fiscal Anticorrupción, coordinó el equipo de fiscales que llevó adelante la causa y que fue elevada a juicio a mediados de 2021. Hubo 32 personas imputadas, entre ellas el cuñado y excolaborador de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. Los abogados defensores contraatacaron y buscaron ponerla del otro lado. Pidieron su juicio político y también contra el procurador general, Jorge Amílcar García.

Los defensores pusieron de manifiesto que presuntamente compartía una propiedad con un contador que aparece mencionado en la causa, un hecho que se descubrió con el expediente ya avanzado. También le recriminaron que su esposo había trabajado en un estudio contable investigado por ella. Pero eso fue en 1999, varios años antes del inicio de la causa.

En septiembre del año pasado se inició la causa contra el exgobernador Sergio Urribarri por supuesto desvío de fondos. Su gestión como gobernador entre 2010 y 2015 quedó bajo la lupa. Se lo acusó como miembro de un esquema de cartelización de empresas que posibilitó desvíos de fondos.

Se trató de cinco causas que se concentraron en un expediente. El equipo de fiscales, coordinado por Goyeneche, determinó que se utilizaron fondos públicos destinados a la promoción política del ex mandatario, a través de campañas de publicidad, y la instalación de un parador en Mar del Plata por 14 millones de pesos. Se concluyó que hubo desvío de fondos por más de 7,5 millones de dólares, muchos de ellos para la campaña “Sueño entrerriano”, que tenía como objetivo impulsar la fallida candidatura presidencial de Urribarri.

Goyeneche recordó que hubo varias presiones para que el juicio no se iniciara. De hecho, se había buscado frenarlo en el contexto de la pandemia y la capacidad de la sala para llevar adelante el debate. Tuvo cuatro postergaciones, aunque pudo avanzar.

“Todas estas cosas tienen un costo. El 30 de noviembre se abrió un jury contra mi persona que dispuso de forma injustificada mi suspensión en el cargo. Comandé la acusación en el juicio [contra Urribarri] los primeros meses y luego tuve que retirarme”, explicó.

Además, se determinó que el procurador de la provincia, Jorge Amilcar García, sea llevado a un juicio político. “Es un ataque a la independencia judicial”, remarcó entonces Goyeneche. Uno de los puntos cuestionados es que el jury que suspendió a Goyeneche decidió también que los fiscales entrerrianos no pueden acusar en el jury y que el fiscal debe ser un conjuez de la Corte, lo que no está previsto en ninguna ley y fue denunciado por inconstitucional.

Si bien Goyeneche sintió este jueves satisfacción por su trabajo, espera ahora el inicio del jury en su contra para el mes de mayo. Urribarri, en tanto, tiene todavía tres instancias recursivas para apelar y evitar ir a prisión. “Fue una tarea muy dura”, recalcó y destacó que la decisión judicial “es muy correcta y sabia, desde las perspectivas de la institucionalidad”. Agregó que “no es una decisión arbitraria, se tomó de forma meticulosa”, reconociendo que si bien la defensa puede recurrir la decisión, “es una forma de mostrarnos a todos que las cuestiones se resuelven con argumentos razonables”.  

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