Mercedes: el fiscal afirmó que "la causa está bien fundamentada"

La Justicia dictó el procesamiento y prisión preventiva al intendente de Mercedes, Diego Caram. La resolución se dio en el marco de una causa que investiga la malversación de fondos a través de planes sociales truchos. En la última semana, la jueza Margarita López Rivadeneira confirmó la semana pasada el procesamiento y prisión preventiva del intendente peronista por "incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravado y sustracción de documentos públicos".

“Es muy grave el delito de falsificar documentos para hacerse del dinero público”, recordó en Radio Sudamericana el fiscal, reconociendo que “la investigación penal se basó en documentación original”, por lo cual “tiene mucha fortaleza la causa”.  

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Asimismo, recalcó que “se tomó declaración a 76 personas registradas, que figuraban como beneficiarios de planes sociales, de las cuales usaban los DNI y falsificaban su firma”. También, ratificó que “la evidencia colectada no refiere solamente a fotocopias, hay documentación original en el archivo y documentos digitales, que figuraban en pendrive y notebooks del personal procesado”.

Comentó que los delitos se produjeron entre los meses de mayo y septiembre de 2019, por un monto de más de 5 millones de pesos, “pero creemos que es mucho más porque la persecución penal implica el recupero del dinero sustraído”. Reconoció que “se tomó mucho tiempo para llevar a cabo esta resolución, ya que los actos de corrupción deben tener una respuesta inmediata del Poder Judicial, que es una parte del Estado”.  

Asimismo, agregó que “hablar de persecución judicial me es ajeno y solamente sirve para desviar la atención del tema, porque los delitos son muy graves”. Del mismo modo, descartó “relaciones con políticos, eso es una chicana falaz, mentirosa, la justicia obra en forma independiente en Mercedes”.  

En cuanto al pedido de prisión preventiva, comentó que en el momento en el que se realizó el allanamiento, se solicitó porque “los funcionarios estaban entorpeciendo la investigación, llevándose documentos públicos”. Agregó que “ahora no tiene sentido la prisión preventiva porque el riesgo procesal terminó”. Más allá de esto, adelantó que “los delitos por los que se los acusa llevan prisión efectiva”, con lo que se buscará “llevar la causa a juicio lo antes posible para que se dilucide la responsabilidad penal de los imputados”.