Se define si aceptan la apelación de Argentina por el caso YPF

Este lunes, la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York definirá si acepta o no la apelación presentada por el Gobierno argentino contra el fallo que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park Capital Management, como parte de la sentencia por la expropiación realizada en 2012. El juicio, iniciado por la falta de cumplimiento del estatuto de la compañía, establece un resarcimiento de 16.000 millones de dólares.

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Preska convocó a una audiencia urgente en la sala 12A del tribunal, a pedido de los demandantes, quienes también buscan avanzar con el embargo de activos de otras empresas estatales, entre ellas Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central.

El pasado 30 de junio, la magistrada resolvió que Burford y Eton Park tienen derecho a reclamar el paquete accionario de YPF que el Estado argentino le quitó al Grupo Petersen en el marco de la expropiación.

En su fallo, Preska sostuvo que los accionistas restantes de la empresa no fueron responsables del manejo de la estatización, y apuntó a presuntas irregularidades en el proceso impulsado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

El 9 de julio, Argentina presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. En el escrito, el Estado anticipó que está dispuesto a recurrir incluso a la Corte Suprema de los Estados Unidos en caso de ser necesario.

La apelación fue presentada antes de que Preska se expidiera sobre el pedido de "stay", es decir, la suspensión de la ejecución del fallo mientras avanza la revisión del caso. En su presentación, el Gobierno argumentó que se trata de un "ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial", y que la orden judicial viola el derecho federal estadounidense, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y los principios de cortesía internacional.

En el escrito, se advierte además que el eventual traspaso del control accionario a Burford Capital representaría un riesgo estratégico para la gestión energética del país y podría afectar los derechos de los accionistas minoritarios.

La resolución que adopte la jueza Preska este lunes podría marcar un punto clave en el futuro judicial y económico del país en relación con uno de los juicios más costosos de su historia reciente.