Pyramis: se conoció la pena pedida por la fiscalía para los imputados

Se trata de Rodolfo Siviero y Ana Karina Alonso, acusados de integrar, mediante una oficina externa, el esquema investigado por el montaje de un banco clandestino en el que se ofrecían servicios financieros que les permitieron obtener alrededor de 68,5 millones de pesos de personas ajenas a la entidad y capitalizado más de 9,5 millones en intereses, con al menos 212 clientes confirmados.

Desde la Fiscalía solicitaron una pena de 4 años y seis meses de prisión para Adolfo Siviero, Ana Karina Alonso, además una multa por los hechos de lavado de activos, sea condenado al pago de la suma equivalente a tres veces el monto del total de operaciones de lavado de activos por las que han solicitado condena, lo que equivale a $27.900.014.

Ambos están acusados de canalizar a la economía formal, a través de la compra de automóviles de alta gama e inmuebles, fondos millonarios obtenidos de manera ilegal, a través de operaciones financieras no autorizadas. Por este motivo, además deben responder como coautores del delito de intermediación financiera no autorizada, precedente al de lavado de activos.

El caso

De acuerdo a la investigación, al menos desde 2012 hasta octubre de 2015 Pyramis se desempeñó como una entidad financiera bajo la apariencia jurídica de una cooperativa, a través de la cual los imputados habrían desarrollado una operatoria que consistía en la captación de fondos del público que luego eran utilizados para el otorgamiento de préstamos, descuento de cheques y operaciones cambiarias.

De este modo -a través de un accionar ajeno a las disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA)-, habrían obtenido alrededor de 68,5 millones de pesos de personas ajenas a la entidad y capitalizado más de 9,5 millones en intereses, con al menos 212 clientes confirmados. Asimismo, la cooperativa recibía dinero de otras empresas para destinarlo a préstamos, garantizando su cobro con cheques y/o pagarés emitidos por quienes tomaban el dinero.

Según la acusación, los imputados introdujeron en el mercado formal el provecho económico de la intermediación financiera no autorizada. Para ello habrían utilizado maniobras de diversa naturaleza vinculadas, principalmente, con la actividad inmobiliaria, la construcción y la compraventa de automotores y motocicletas de alta gama, con el objetivo de dar a los fondos obtenidos ilícitamente una apariencia legal. En cuanto a los vehículos, se identificaron al menos 25 de marcas tales como BMW, Ferrari, Porsche, Audi y Mercedes Benz, entre otras.

La pesquisa puso en evidencia los vínculos económicos que la cooperativa mantenía con una gran cantidad de personas jurídicas, a pesar de que su estatuto sólo permitía asociarse a las personas de existencia visible. Se logró establecer así el modus operandi mediante el cual la entidad recibía dinero de otras empresas para destinarlo a préstamos, garantizando su cobro con cheques y/o pagarés emitidos por quienes tomaban el dinero.