Denuncian apremios ilegales contra dos detenidos

Jorge Isetta, Comisionado del Comité Provincial de Prevención de la Tortura visitó Radio Sudamericana para contar dos nuevas denuncias presentadas por presuntos apremios ilegales contra dos detenidos.

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Uno de los casos ocurrió en la Comisaría 20 del barrio Pirayuí, donde una persona en situación de calle, con antecedentes de consumo problemático, fue detenida y trasladada a dicha dependencia donde habría sido atacado brutalmente.

La víctima presentaba una herida en la cabeza, por una pelea anterior pero estaba en curación y esa herida habría sido reabierta por nuevos golpes de la policía. 

Esta persona terminó en el Hospital Escuela donde tuvieron que hacerle 5 y 7 puntos en la cabeza. 

Segundo caso

El otro caso tuvo lugar en el barrio Virgen de los Dolores y fue intervenido por la Comisaría 12. En esta ocasión, otro joven –también con problemas de consumo y con antecedentes– fue detenido bajo la acusación de portar una “tumbera”.

Según el testimonio recogido por el Comité, el detenido fue brutalmente golpeado y trasladado en condiciones irregulares, esposado de pies y manos a una reja, semidesnudo y con heridas visibles. Una imagen que circula muestra el colchón improvisado de goma espuma en un pasillo, donde se habría visto obligado a dormir. 

“Este chico tenía tatuada la espalda de perdigonazos, desde la nuca hasta el tobillo. Fue un desastre”, expresó Isetta visiblemente consternado. “Tenía 30 balazos de goma y dos cortes en la cabeza, es lo que pudo constatar el médico. Había sido detenido en la comisaría 12 pero lo llevaron a la comisaría 20 porque es la que tiene habilitadas las celdas”, dijo.

En ambos casos, el Comité denunció el uso desmedido e ilegal de la fuerza, procedimientos sin órdenes judiciales y condiciones de detención que violan los derechos humanos fundamentales.

Los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, y se solicitó la intervención del Cuerpo Médico Forense. Además, se presentaron denuncias formales por parte de familiares y vecinos de las víctimas, quienes manifestaron que estas prácticas son frecuentes en ciertas dependencias policiales.

A pesar de la gravedad de los hechos, Isetta destacó la colaboración de la comisario inspectora Laila Pamela Godoy, enlace de la policía con los organismos de derechos humanos, y del Ministerio Público Fiscal, que ya inició actuaciones.

“Es fundamental no naturalizar estas situaciones. La criminalización de la pobreza, del consumo y de la marginalidad sigue siendo moneda corriente, y eso debe cambiar”, concluyó Izeta, ahora comisionado del Comité, que en los próximos días elegirá nuevas autoridades.