Represión a jubilados: "En 28 manifestaciones hubo 2.300 heridos"

Desde diciembre de 2023, 88 manifestaciones han sido monitoreadas en la Ciudad de Buenos Aires por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), junto al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y otros organismos locales. En al menos 28 de ellas, se documentaron episodios de represión violenta, con un saldo de "más de 2.300 heridos y 220 detenciones arbitrarias", según denunció Rodrigo Pomares, coordinador del área Justicia y Seguridad de la CPM a Sudamericana.

De acuerdo con estas cifras, el referente señaló: “La línea entre la represión y una tragedia mortal es cada vez más delgada. La vida de muchas personas depende hoy del azar”, afirmó. Por lo que alertó sobre el uso de gases lacrimógenos “más potentes e irritantes” que los utilizados anteriormente, disparados incluso a la cara de manifestantes mayores con problemas respiratorios o cardíacos. “Nosotros vamos con máscaras y aun así sentimos sus efectos. Imaginen lo que les pasa a los jubilados sin protección”, enfatizó.

En las movilizaciones semanales que encabezan adultos mayores frente al Congreso Nacional, reclamos por mejoras en haberes jubilatorios, la represión se ha vuelto moneda corriente. Pomares denunció que fuerzas como "Policía Federal, junto con Gendarmería y Prefectura Naval, militariza el espacio público con despliegues desproporcionados".

En este sentido, añadió: “Cinco camiones hidrantes y más de 600 agentes para reprimir a menos de cien personas. Es una puesta en escena para generar miedo y desincentivar la participación ciudadana”, sostuvo.

El referente de la CPM, organismo que preside Adolfo Pérez Esquivel, también señaló que la represión ha sido selectiva: “El Estado ha elegido qué manifestaciones reprimir. No ha habido represión en marchas masivas de sindicatos, pero sí en aquellas con menor convocatoria o políticamente incómodas para el Gobierno Nacional”.

Una de las situaciones más graves ocurrió el 12 de marzo, cuando el reportero gráfico Pablo Orillo resultó herido gravemente por una granada de gas lacrimógeno. “Tuvo desprendimiento de masa encefálica. Está en terapia intensiva y su vida pende de un hilo”, remarcó Pomares.

La CPM presentó al menos 20 denuncias penales y hábeas corpus preventivos ante la Justicia por estos hechos, aunque Pomares cuestionó fuertemente la inacción judicial. “El Poder Judicial es el gran ausente. No ejerce el control que debería sobre el Poder Ejecutivo. No hay decisiones que frenen este temperamento represivo”, lamentó.

Pomares también advirtió sobre el riesgo de naturalizar este tipo de violencia estatal. “Estamos cayendo en una rutina represiva, como ocurre en otros países donde se asumió que la Policía reprime todos los días a determinada hora y ya nadie se escandaliza”, alertó. Y añadió: “Esto no es una joda. Golpear y gasear jubilados que reclaman una vida digna no puede normalizarse”.

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En cuanto al respaldo político de las fuerzas represivas, destacó: “Los agentes están envalentonados, actúan con impunidad. Saben que el poder político los respalda en estos excesos. Ninguno de los bloques políticos ha salido a frenar esto con fuerza, salvo honrosas excepciones”.

Este miércoles se prevé una nueva movilización, esta vez con presencia de referentes de distintas confesiones religiosas que realizarán una misa ecuménica a las 14 horas frente al Congreso.