Abuso de nena de 10 años: habló la fiscal y dio detalles de la investigación

En diálogo con Radio Sudamericana la fiscal Sonia Meza, se refirió a la denuncia de Catalina madre de una nena 10 años, que habría sido víctima de abusos por parte de un hombre de 73 años, con quien convivía e indicó que el supuesto abusador sigue en libertad.

“Yo a la mamá la atendí antes de ayer, es una denuncia que radicó el 28 de agosto, ese mismo día, estando todavía ella con la niña se la trasladó al Instituto Médico Forense donde en primer término descartó lesiones por un acceso, con lo cual estamos frente a tocamientos”, aclaró.

En este sentido añadió “la causa está caratulada como Abuso sexual agravado por la convivencia, porque la pareja vivió junta durante 7 años. Lo que se está tratando ahora es de ubicarlo, ya se supo el domicilio porque ni bien ocurre la denuncia se ordena la expulsión del hogar de este señor”

“Supimos ahora el domicilio y se le está cursando la notificación a través de la comisaría para que designe a un abogado, que es lo primero que se requiere, para solicitar la Cámara Gesell, y escuchar la Cámara Gesell”, explicó la Dra. Meza.

También aclaró que el abogado del acusado debe estar presente durante la pericia que se lleve a cabo con la nena de 10 años. “Este es el primer paso que se tiene que dar, porque no se puede llevar adelante una medida como es la Cámara Gesell sin la presencia del abogado defensor, es una cuestión constitucional”.

Ante el cuestionamiento de la madre sobre el por qué no estaba preso su ex pareja, la Fiscal respondió “yo traté de explicarle también a la señora, el Código prevé que las aprehensiones inmediatas para que se entiendan se deben dar solo en caso de flagrancia, es decir, cuando se lo encuentra cometiendo el hecho inmediatamente después o en su persecución. Eso es lo que se denomina flagrancia”.

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“Solo allí se admite la aprehensión sin orden judicial. Ahora bien, con orden judicial nosotros podemos también pedir la detención, pero para eso debemos pedir a un Juez de Garantía y mínimamente justificar que existe lo que se denomina riesgo procesal, es decir, que la persona intentará sustraerse de la justicia o va a entorpecer la investigación. Pongo un ejemplo, en el caso Oliva nosotros pudimos lograrlo porque era evidente ese entorpecimiento en la investigación porque se trataba de un funcionario policial de alto rango y era razonable pensar que podría entorpecer la investigación”, aclaró.

Cabe aclarar que el supuesto abusador, además de ser expulsado de la vivienda que compartía con la mujer y la menor, además se le prohibió el acercamiento en un radio de 500 metros de la niña.

“En el caso de que el hombre llegara a incumplir esta manda judicial, obviamente sí me habilitaría a solicitar una audiencia de coerción, porque sería un motivo para pedir la detención”, manifestó.