Condenan a ex funcionario correntino por enriquecimiento ilícito

El exsecretario de Obras Públicas de Curuzú Cuatiá, Ramón Eduardo Ocampo, fue condenado a tres años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Además, se dispuso el decomiso de bienes valuados en más de 400 mil dólares en favor del municipio.

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La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Penal de Mercedes (actual Tribunal de Juicio), que homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno impulsado por el fiscal subrogante doctor Oscar Cañete. El hecho fue inicialmente investigado por la fiscal de instrucción doctora Alejandra Talamona y tramitó ante el juzgado a cargo del doctor Martín Vega.

La investigación se inició en 2017, cuando la Fiscalía intimó a Ocampo —entonces funcionario municipal— a justificar un incremento patrimonial considerable vinculado a la adquisición de un complejo de 15 departamentos en el centro de la ciudad, bienes que excedían ampliamente sus ingresos declarados.

Según la causa, Ocampo utilizó a su pareja —hoy sobreseída por prescripción— para ocultar la titularidad real de los inmuebles, transfiriéndolos a su nombre y luego recuperándolos mediante un contradocumento firmado por ambos. El exfuncionario, además, aprobó los planos y la liquidación municipal del trámite en cuestión, sin excusarse a pesar de su participación directa.

El Ministerio Público Fiscal llevó adelante una extensa investigación con la colaboración de la Policía Federal Argentina, peritos del Superior Tribunal de Justicia y tasadores oficiales, que permitió demostrar la maniobra patrimonial.

Antes del inicio del debate, la Fiscalía y la Defensa Oficial —a cargo de la doctora Julieta Lacroze— acordaron un juicio abreviado, mediante el cual Ocampo reconoció los hechos y su participación.

El tribunal resolvió además el decomiso en favor de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá del complejo de departamentos y un vehículo adquiridos durante el período investigado, así como de los alquileres percibidos desde el embargo hasta la fecha.

Ocampo obtuvo la libertad condicional, ya que cumplió prisión preventiva entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019, período durante el cual se realizaron las principales tareas investigativas.

El fallo calificó los hechos bajo los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y enriquecimiento ilícito en concurso real, previstos en los artículos 265 y 268 (2) del Código Penal.