Amenaza de tiroteos en escuelas: las penas podrían llegar a 6 años de prisión

Escuelas de todo el país sufrieron esta semana distintos tipos de amenazas con carteles que anunciaban tiroteos para este martes, miércoles y jueves, con casos reportados en colegios de Corrientes, Chaco, Misiones, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Neuquén. En varias provincias tuvieron que activar protocolos de seguridad, y se investiga un posible reto viral con efecto dominó.

El abogado Juan Arregín explicó a Canal 5TV que las amenazas y falsas alarmas en establecimientos educativos pueden encuadrarse en el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, con penas de entre dos y seis años de prisión, además de eventuales responsabilidades civiles para las familias de los menores involucrados.

El especialista señaló que este tipo de hechos “generan caos y miedo a un número indeterminado de personas” y remarcó que se trata de un delito contra la seguridad pública.

“La conducta prohibida es generar este caos, este miedo a un número indeterminado de personas, porque es un delito contra la seguridad pública. Cuando hablamos de seguridad pública, estamos hablando de vivir tranquilos, sin estos sobresaltos, sin estos sustos”, sostuvo.

Arregín explicó que el artículo 211 del Código Penal contempla la figura de intimidación pública y advirtió que la aplicación de la pena dependerá de quién comete el hecho. “Si la llevan adelante adultos, tiene una pena. Si la llevan adelante menores, tenemos que ver si entran o no dentro de este universo de personas a las que el derecho penal se le puede aplicar”, indicó.

En ese sentido, mencionó el caso de un adolescente de 16 años identificado en Charata, Chaco, por amenazas similares. “Se le aplicaría el derecho penal, atenuado por su condición de menor, pero se le aplicaría”, afirmó.

También alertó sobre la posibilidad de que detrás de estos episodios haya una organización mayor. “Puede ser algo que comienza como un reto viral de redes sociales o puede ser algo mucho más complicado”, señaló.

Sobre la situación legal en Corrientes, Arregín aclaró que el nuevo régimen penal juvenil nacional todavía no está vigente. Explicó que la normativa comenzará a regir recién a partir de septiembre de este año, tras cumplirse los 180 días desde su publicación oficial.

“Recién a partir del 9 o 10 de septiembre de este año se va a poder aplicar esta ley”, precisó, y agregó que en la provincia sí existe un Régimen Procesal Juvenil aprobado en noviembre pasado, aunque aclaró que no implica directamente la posibilidad de prisión, sino una forma específica de investigar y abordar casos de menores en conflicto con la ley.

El abogado también advirtió que las consecuencias no se limitan a una sanción escolar o penal, sino que podrían extenderse a los padres. “Podría tranquilamente el Ministerio de Seguridad decir: la plata que yo tengo que gastar para un operativo de seguridad en un colegio determinado, se lo cobro a los padres”, sostuvo.

Y agregó: “Si descubro quiénes son los chicos responsables, porque son menores de edad y los padres tienen una obligación, como dicen los carteles de los negocios: nene rompe, papá paga”.

Además, remarcó que una causa penal puede afectar el futuro de los adolescentes. “Van a cumplir 18 años y para muchas cosas que quieran hacer van a necesitar un certificado de buena conducta, y si tienen una causa penal de una investigación por algo tan grave como esto, se la van a ver mal”, explicó.

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Arregín destacó que la escuela debe ser uno de los espacios más seguros después del hogar y pidió reforzar el vínculo entre familias y docentes. “Los educadores muchas veces pasan más tiempo con nuestro hijo que nosotros mismos. Poder complementar lo que sé yo y lo que sabe el educador es fundamental”, expresó.

También señaló que este tipo de amenazas generan temor en toda la comunidad educativa, especialmente en estudiantes más pequeños o recién ingresados al secundario. “No son cuestiones graciosas por más que las quieran ver así. Hay chicos que hoy tienen miedo de ir a la escuela”, afirmó.

Respecto a los controles policiales en los colegios, dijo: “La intimidación pública protege el orden público y la seguridad pública. Si estamos frente a esta situación, los únicos capacitados para hacer esta actividad son el personal policial”, indicó.