La querella pedirá 20 años de prisión para "Pepino" Motta

La Justicia de Corrientes dictó la prisión preventiva de un empresario Roberto "Pepino" Motta Bittencourt, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado, en una causa que se investiga desde 2022. La resolución fue confirmada por el abogado querellante, Salvador Pischeda, quien adelantó que la querella solicitará una condena de 20 años de prisión.

En diálogo con Canal 5TV, el querellante dijo: “Claramente lo que sostiene el auto de procesamiento es que ha existido el delito y que el imputado ha participado en la comisión del hecho”, afirmó el letrado al referirse a la resolución judicial emitida por el Juzgado de Instrucción N°4. Cabe señalar que el empresario imputado se encuentra "en las calles con una tobillera electrónica". 

Según explicó Pischeda, el fallo consta de 53 páginas en las que el magistrado detalló el conjunto de pruebas reunidas durante la investigación. “El juez de instrucción ha sentado claramente el cúmulo probatorio”, sostuvo.

El abogado también señaló que uno de los elementos importantes de la causa fueron fotografías y otras pruebas que ubicaron al acusado en el lugar del hecho, luego de que inicialmente negara haber estado allí.

“Cuando pidió el beneficio de eximición de prisión negó haber estado en el domicilio de la víctima. Después, cuando ofrecimos las fotos y otros elementos de prueba, cambió su argumento y reconoció que sí estuvo”, aseguró.

Pischeda sostuvo además que la víctima habría sido sometida mediante el suministro de medicación. “Lo más grave es que, a través de algún somnífero o medicación que le proveyó, logró un estado de inconsciencia de la víctima”, manifestó.

De acuerdo con el abogado, el empresario estuvo prófugo durante varios meses tras ser ordenada su detención. “Se lo citó por edicto y se solicitaron servicios de fuerzas federales y provinciales. Después de cinco o seis meses se presentó espontáneamente”, explicó.

Actualmente, el acusado permanece en libertad bajo restricciones judiciales y utiliza tobillera electrónica. “Tiene una libertad condicionada por obligaciones impuestas en la resolución de excarcelación”, indicó el querellante, aunque remarcó que desde la querella consideran que “debería estar detenido”.

Respecto de la pena que solicitarán en juicio, Pischeda precisó que pedirán la máxima prevista por la figura agravada del delito. “Vamos a pedir el máximo de la pena, que es 20 años, porque existe un daño a la salud mental de la víctima”, afirmó.

El abogado también se refirió al estado de salud de la denunciante y aseguró que continúa bajo tratamiento. “Está con psiquiatra y en tratamiento. El daño es irreparable”, expresó.

Sobre el avance de la causa, explicó que la defensa todavía puede apelar la resolución, aunque consideró que existen pruebas suficientes para sostenerla. “Materialmente no tiene ningún elemento que pueda revertirse en Cámara”, dijo.

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Luego de esa instancia, el expediente avanzaría hacia la elevación a juicio oral. “En cuatro o cinco meses vamos a estar en juicio”, estimó el abogado querellante.

Pischeda también reveló que podrían surgir nuevas denuncias vinculadas al acusado. “Estamos teniendo datos de otros hechos. Si logramos acreditar algún otro abuso, vamos a pedir que se revoque el beneficio”, sostuvo.