Se inició investigación de oficio por la amenaza de bomba en un vuelo

Este viernes, la Justicia Federal inició de oficio una investigación por la amenaza de bomba que activó el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional "Doctor Fernando Piragine Niveyro" de la ciudad de Corrientes, luego de un llamado anónimo que advertía sobre la presunta presencia de un explosivo en un vuelo comercial proveniente de Buenos Aires.

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La actuación quedó a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, encabezada por la fiscal general interina Tamara Ahimará Pourcel y el fiscal subrogante Juan Martín Mariño Fages. 

La investigación comenzó tras la denuncia recibida en horas de la mañana por la Dirección de Aeronáutica de Corrientes (DAC), donde una persona aseguró que una aeronave de Aerolíneas Argentinas con destino a Corrientes transportaba un artefacto explosivo.

Ante la advertencia, se activó de inmediato el protocolo de seguridad aeroportuaria. Del operativo participaron efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía de Corrientes, Bomberos y servicios de emergencia, con el objetivo de resguardar la seguridad de los pasajeros, la tripulación y el personal del aeropuerto.

Una vez que el avión aterrizó, los pasajeros fueron evacuados de manera controlada y se realizaron inspecciones exhaustivas sobre la aeronave, el equipaje y las instalaciones. Finalizadas las tareas, las autoridades descartaron la presencia de cualquier artefacto explosivo.

Durante el procedimiento, los pasajeros permanecieron sin información precisa sobre lo que ocurría. "Nunca en la vida me pasó, no entendíamos nada de verdad", relató una pasajera a Radio Sudamericana. Otro de los ocupantes del vuelo contó que, tras descender de la aeronave, debieron recorrer un extenso trayecto dentro del aeropuerto hasta llegar al edificio principal.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que este tipo de amenazas falsas comprometen la seguridad aeroportuaria, demandan un importante despliegue de recursos humanos y materiales y afectan el normal funcionamiento del transporte aéreo. En ese sentido, aseguraron que el hecho será investigado "con el máximo rigor conforme a la legislación vigente".