Aseguró que su esposa murió por la explosión de un celular, pero lo detuvieron por haber planificado el crimen

La Justicia de Córdoba detuvo e imputó a Gerardo Luis Gasparutti por el presunto homicidio calificado por el vínculo de su esposa, María Lucila Pagani, luego de que la investigación descartara la versión inicial de que la mujer murió a causa de la explosión de un teléfono celular mientras viajaban en un automóvil.

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La causa, que en un principio fue investigada como un posible accidente, dio un giro tras los peritajes realizados sobre el Renault Sandero que se incendió el pasado 14 de junio en la ruta E-53, a la altura del kilómetro 8, en Villa Allende.

Según la investigación encabezada por la fiscal Liliana Copello, las pruebas recolectadas sostienen la hipótesis de que el hecho habría sido planificado y luego encubierto para simular un accidente.

Los especialistas determinaron que en el lugar no se encontraron restos de un teléfono celular, ni de un cargador o cable que respaldaran la versión brindada por el acusado. En cambio, los peritos detectaron restos de un líquido combustible, compatible con nafta, y establecieron que el fuego se concentró únicamente en el sector del acompañante, una característica que consideran incompatible con un incendio accidental.

María Lucila Pagani sufrió quemaduras en más del 65% de su cuerpo y permaneció internada en el Instituto del Quemado de Córdoba hasta el 17 de junio, cuando falleció a causa de la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la investigación, la pareja había salido esa noche para celebrar los 15 años de la llegada de Pagani a Córdoba. Ambos se dirigían a un restaurante de Sierras Chicas cuando ocurrió el incendio. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a Gasparutti fuera del vehículo, mientras que la mujer permanecía gravemente herida.

La imputación por homicidio calificado por el vínculo contempla la pena de prisión perpetua en caso de recaer una condena.

Gasparutti, de 43 años, se desempeñaba como director de la carrera de Nutrición de la Universidad Siglo XXI y trabajaba además como asesor de empresas del sector alimenticio.

La víctima, de 47 años, era licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Gestión Cultural Internacional por la Università di Genova y también había cursado una maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea en la Universidad Nacional de Córdoba. Además, cumplía funciones administrativas en la Facultad de Ciencias Sociales de esa universidad e integraba la Comisión Interclaustros de Derechos Humanos.