Juicio político a la Corte Suprema: hoy se leerán las acusaciones

El pedido de juicio político contra la Corte tendrá hoy un nuevo capítulo en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados donde los autores de los 14 proyectos en análisis leerán sus acusaciones contra los jueces del máximo tribunal.

Será un paso casi formal antes de la primera prueba de fuego para el oficialismo, que llegará el próximo jueves 9 de febrero, cuando se votará la admisibilidad de los pedidos de juicio político, una instancia previa a la apertura del sumario y la recolección de pruebas.

Para hoy se espera una sesión más técnica que rondará las tres horas y tendrá menos debate político que la de la semana pasada. Cada orador contará con 15 minutos para exponer. Por el oficialismo harán uso de la palabra los diputados Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro y Eduardo Valdés.

También participarán Claudia Rocca y Nora Cortiñas por la Asociación Argentina de Juristas, que solicitó juicio político contra los cuatro magistrados, al igual que la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales (Federico Gustavo Méndez y Pablo Gastón Llopart), que lo hizo contra Rosenkrantz y Lorenzetti.

Los particulares Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Patricia Isasa darán sus fundamentos en relación al pedido que realizaron contra los cuatro jueces, mientras que el abogado Pablo Llonto junto a Diego Sánchez lo harán sobre los escritos presentados en relación al desempeño de Rosatti en causas por crímenes de lesa humanidad.

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Gran parte de la expectativa está puesta en la exposición de los diputados de la Coalición Cívica, Paula Oliveto y Juan Manuel López, quienes denunciaron al supremo Ricardo Lorenzetti. El PRO y la UCR adelantaron que no apoyarán el proyecto de sus compañeros de coalición e insistieron en que no permitirán que el oficialismo lo utilice para fracturar a la oposición.

El oficialismo promueve el juicio político contra los cuatro jueces con el impulso del presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en un mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del máximo tribunal.

Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.

También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del “2x1″ para que Luis Muiña, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional. Por otro lado, también se investigarían presuntas irregularidades y desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.