"La política debe terminar con los intermediarios que usan a los pobres"

Nieves contó que estos convenios los lleva adelante el INAES, por lo que se denunció al titular de este organismo nacional, ya que “el control y manejo de los fondos queda en manos del Movimiento Evita”.  

“Hay que terminar con los intermediarios que utilizan a los que menos tienen para hacer caja”, afirmó y expuso que “es la punta del iceberg de lo que se hace desde el Gobierno nacional con los planes sociales”. Recordó que aumentó a 1.200.000 el número de beneficiarios, con fondos que “en vez de ser utilizados como planes de empleo, terminan siendo usados para manipular a la gente”.

“Estas prestaciones tienen que ir directamente al beneficiario”, recalcó y habló de que las imputaciones son por asociación ilícita, incompatibilidad entre las funciones y el uso de los fondos y otros delitos. “No creo que el Estado tenga que dejar en abandono a las familias que son víctimas de la extorsión”, dijo y pidió que “los planes sociales no pueden ser para siempre, tiene que tener un fin y que se beneficie a los empresarios para generar empleo”.

La denuncia

La Coalición Cívica, el partido político que preside Elisa Carrió, denunció una “asociación ilícita” liderada por dirigentes del Movimiento Evita, que además son funcionarios. En concreto, los acusan de girar -a través de “convenios” amañados- más de $3.000 millones a sus cooperativas.

Según este esquema, los acusados otorgan y controlan porque ellos mismos presentan las propuestas, aprueban los proyectos y controlan el destino de los fondos. Es decir, la maniobra delictiva está anclada en tres ejes y tiene como vértice a la cúpula de la organización popular oficialista.

En la causa quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas, pero, por decisión de la Cámara, se acumuló en el Juzgado Federal 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti, se asegura que se trata de una “conducta penal que encuadra dentro de una organización conformada casi con exclusividad a los fines del saqueo de los recursos estatales -provenientes del programa Potenciar Trabajo- para financiar su desarrollo territorial y su disputa política en el universo de las organizaciones sociales y de su frente político”, en este caso el Frente de Todos.

Desde la CC entienden que el presunto desmanejo de los fondos estatales, que terminan en las asociaciones que forman parte de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, “no solamente constituyen actos ilícitos, sino que representan un escándalo moral por la utilización de recursos destinados a reducir las asimetrías sociales y reducir el impacto social de un modelo macroeconómico agotado. Los hechos aquí relatados indignan a la sociedad argentina, lesionan derechos económicos y sociales de quienes se suponen beneficiarios de las políticas sociales del Gobierno y afectan seriamente la capacidad presupuestaria de un país empobrecido” por este tipo de conductas, se lee en el expediente número 2613/2022.

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Los denunciados

Entre los presuntos integrantes de la asociación ilícita que saqueó parte del presupuesto del ministerio de Desarrollo Social están, entre otros, Emilio Pésico, el secretario de Economía Social y uno de los líderes del Movimiento Evita; Alexandre Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); la Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalizaciones, Milagros Moya (también integrante del Evita); y Gildo Onorato, el único que no es funcionario, pero que preside la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, que es la organización en la que están nucleadas las Unidades de Gestión y asociaciones a las que se trasfirieron los fondos cuestionados.