Movilidad jubilatoria: "El veto presidencial sería inconstitucional"

SOBRE EL VETO A LA LEY DE MOVILIDAD JUBILATORIA

El Dr. Manili explicó que, aunque el presidente tiene la facultad de vetar leyes, no todas las leyes pueden ser vetadas. En este caso, la ley de movilidad jubilatoria, aprobada por ambas Cámaras del Congreso, está enmarcada en un mandato constitucional. Manili señaló: "Si bien formalmente el presidente puede vetar una ley, no todas las leyes pueden ser vetadas. El mecanismo habitual sería: el Congreso aprueba una ley, pasa por Diputados, pasa por Senadores. Si al presidente no le gusta, veta la ley. Si el Congreso no reúne los dos tercios necesarios para insistir, la ley queda vetada. Ahora, si el Congreso reúne los dos tercios, eso se llama insistencia y la norma queda sancionada a pesar del veto presidencial. Pero hay ciertas leyes que la Constitución manda dictar; en esos casos, no hay posibilidad de veto."

“El artículo 14 bis de la Constitución Nacional ordena la creación de una ley de movilidad jubilatoria, y dos fallos de la Corte Suprema han ratificado esta obligación”, agregó.

Según Manili, el veto presidencial a esta ley sería inconstitucional, ya que la Constitución establece claramente la necesidad de una ley de movilidad jubilatoria para ajustar automáticamente las jubilaciones y pensiones en función de la inflación y la devaluación. “Lo que decimos es que, si la Ley de Movilidad Jubilatoria está ordenada por la Constitución, y además hay fallos de la Corte Suprema que ordenaron al Congreso dictar una Ley de Movilidad Jubilatoria, no se puede vetar esa ley. Es decir, el veto presidencial sería inconstitucional porque no es una ley cualquiera, sino una ley que la Constitución manda dictar”.

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Para Manili, “el veto presidencial sería inconstitucional porque no puede quedar en manos de los funcionarios de turno, ni de este presidente ni de ningún otro, la decisión sobre el aumento de las pensiones y jubilaciones. Esta movilidad debe ser automática y reglamentada por ley, no sujeta a los caprichos del gobierno."

Al ser consultado sobre la comparación con el veto al 82% móvil dispuesto por Cristina Fernández de Kirchner, Manili comentó: "Desde un punto de vista ético, ambas decisiones fueron inmorales, ya que afectar a los jubilados es muy grave. Jurídicamente, la ley del 82% móvil y la ley actual tienen similitudes, ya que ambas establecen fórmulas de actualización para las jubilaciones. Por lo tanto, el veto en ambos casos podría considerarse inconstitucional."

SOBRE EL NUEVO DECRETO QUE MODIFICA LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El Dr. Manili criticó duramente el Decreto 780, que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública sancionada en 2016. Aseguró que esta modificación restringe el acceso a la información y otorga mayor discrecionalidad a los funcionarios públicos, lo que contraviene el principio de transparencia que debería regir en una república.

"Este decreto introduce restricciones que limitan el acceso a la información pública y protege a los funcionarios de escrutinios legítimos. Es un retroceso en términos de transparencia y rendición de cuentas," señala Manili. Destacó que la modificación también incluye restricciones sobre la información relacionada con los papeles preparatorios de decretos y resoluciones, lo cual, a su juicio, es un “disparate inconstitucional” que podría ser impugnado judicialmente.

El Dr. Manili concluye su análisis señalando que estas medidas protegen a la llamada "casta política", en lugar de fomentar la transparencia y la accesibilidad a la información pública.

“El decreto protege a la casta, aumentando el secretismo y recortando derechos de acceso a la información. Es necesario que se impugne judicialmente para garantizar la transparencia en la gestión pública,” concluye el Dr. Manili.