El Ministerio Público Fiscal obtiene herramientas decisivas contra la inseguridad

La nueva ley proporciona a los fiscales mayores facultades para solicitar medidas de coerción al evaluar el peligro de fuga de un imputado. Ahora, los fiscales podrán considerar una serie de factores ampliados, como el historial delictivo del imputado, investigaciones previas, y la probabilidad de reincidencia. Este enfoque, conocido como "reiterancia", permite evaluar con mayor precisión si un acusado representa un riesgo de fuga o de cometer nuevos delitos.

Entre las reformas más destacadas se incluye una modificación al Artículo 229 del Código Procesal Penal, que extiende el plazo para solicitar la conversión de la aprehensión en detención. Mientras que anteriormente el fiscal solo contaba con 24 horas, ahora se le otorgan hasta 72 horas para realizar la solicitud, ya sea mediante un traslado inmediato de la persona aprehendida o una audiencia unilateral con el juez.

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La reforma también introduce criterios adicionales para evaluar el arraigo del imputado, tales como su domicilio, residencia, y sus vínculos laborales y familiares. Asimismo, se consideran factores como su comportamiento durante el procedimiento, la existencia de aprehensiones o condenas previas, y cualquier indicio de que el imputado podría evadir la justicia.

El fiscal general César Sotelo, uno de los principales promotores de esta reforma, destacó que la ley responde a la creciente necesidad de adaptar las herramientas legales a la realidad social y a los fenómenos de inseguridad actuales. Según Sotelo, la reforma busca garantizar una respuesta más efectiva y proporcional frente a la reiterancia delictiva, sin comprometer los principios de legalidad y proporcionalidad.

Con esta nueva legislación, el Ministerio Público Fiscal está mejor preparado para enfrentar la delincuencia y mejorar la seguridad en la provincia, garantizando una justicia más eficiente y efectiva.