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Politica

Jueves 02 de Enero de 2025 - Actualizada a las: 07:48hs. del 03-01-2025

CASO NAHUEL GALLO

Argentina denunció a Venezuela por la "desaparición forzada" del gendarme

La formalización fue hecha ante la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a la detención de Nahuel Gallo. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó el hecho como una "violación grave y flagrante de los derechos humanos"


El Gobierno argentino presentó este jueves una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la desaparición forzada de Nahuel Gallo, un gendarme cuyo paradero es desconocido desde el 8 de diciembre de 2024. Gallo había cruzado la frontera hacia Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja e hijo.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Gerardo Werthein, calificó el hecho como una "violación grave y flagrante de los derechos humanos", enmarcándolo dentro de un presunto patrón de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.

La justicia venezolana, a través del fiscal general Tarek William Saab, emitió un comunicado en el que acusa a Gallo de haber ingresado al país "ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental". Según las autoridades, Gallo estaría vinculado a un grupo de personas que intentaron llevar a cabo "acciones desestabilizadoras y terroristas" con apoyo de la "ultraderecha internacional".

El texto también señala la presunta complicidad del gobierno de Javier Milei en estos planes subversivos, citando como prueba una resolución judicial de la Cámara Federal de Mendoza. Desde Caracas, argumentan que Argentina estaría utilizando a los familiares de Gallo como parte de una estrategia para deslegitimar al Estado venezolano.


Según la denuncia presentada por Argentina, la desaparición de Gallo constituye un caso de detención arbitraria y desaparición forzada. En el comunicado, el Gobierno argentino afirmó: "Este hecho constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI".

El Ejecutivo se comprometió a utilizar "todos los recursos legales y diplomáticos" para garantizar los derechos de Gallo, exigir justicia internacional y reforzar la protección de los derechos humanos.

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