Alberto Fernández amplía su indagatoria en la causa seguros

El ex presidente Alberto Fernández se presentó este viernes en los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión. La audiencia fue convocada por el juez federal Sebastián Casanello, quien lleva adelante el expediente desde febrero, tras el vencimiento de la subrogancia de su antecesor, Julián Ercolini.

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Fernández ya había declarado en noviembre de 2024, pero en aquella ocasión solo respondió preguntas de su defensa y presentó un escrito en el que defendió el decreto 823, norma que suprimió el sistema de coaseguro y otorgó el monopolio a Nación Seguros. En esa instancia, también negó vínculos con los intermediarios involucrados y afirmó: “No genera una erogación del erario público”. Sobre los productores, dijo: “Si usted pregunta a cualquiera de seguros quién fue el mayor enemigo de Alberto Fernández como superintendente, le va a contestar los productores de seguros”.

En esta nueva audiencia, solicitada por el propio ex mandatario a través de su abogada Mariana Barbitta, se buscó ampliar su descargo ante la inminente definición de su situación procesal. “Fue rápido a pedido de la defensa, que tenía un viaje previsto”, indicaron fuentes judiciales.

La indagatoria se produjo un día después de que la Cámara Federal porteña revocara la inhibición de bienes que pesaba sobre Fernández y otros 50 imputados en la causa. El tribunal, en un fallo dividido, consideró que las medidas cautelares “carecen de la debida fundamentación” ante la falta de una resolución de fondo.

“Considero que en las condiciones actuales la decisión adoptada carece de la debida fundamentación, atendiendo a la naturaleza y alcances de la medida que se adoptó y el momento en que fue dispuesta”, expresó el camarista Martín Irurzun. Su colega Eduardo Farah advirtió que las indagatorias se realizaron hace más de seis meses y que “tampoco han surgido ni se invocan circunstancias que indiquen desplazamientos u ocultaciones de bienes”.

En disidencia votó Roberto Boico, quien consideró que la inhibición debía mantenerse.

El fallo era esperado por numerosos empresarios y ex funcionarios que no podían disponer de sus bienes desde abril, cuando Casanello ordenó congelarlos nuevamente. Entre ellos se encuentran el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano; el broker Héctor “Hecky” Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, quien fuera secretaria del ex presidente. También aparecen firmas como Bachellier, San Ignacio, San Germán, y TGG Broker.

La causa, que investiga supuestas maniobras irregulares en contrataciones de seguros con intervención de intermediarios privados, incorporó en los últimos meses nuevas líneas de investigación. Casanello solicitó documentación adicional, profundizó peritajes y ordenó levantar el secreto fiscal de Daniel “El Gordo” Rodríguez, ex encargado de la Quinta de Olivos durante la gestión de Fernández.

Además, se sumó un extenso informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que analizó la facturación del ex mandatario entre 2010 y 2019, período en el que no ejercía funciones públicas. Según ese análisis, Fernández le habría facturado a la empresa de Martínez Sosa por un total de $4.257.000, cifra correspondiente a valores de la época.

La última factura data del 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de su asunción presidencial.

Con el levantamiento de las inhibiciones, la Cámara Federal instó al juez Casanello a definir de manera urgente la situación procesal de todos los imputados, lo que podría suceder en las próximas semanas.