Caso YPF: la jueza Preska volvió a fallar contra Argentina

La jueza federal estadounidense Loretta Preska volvió a emitir un duro fallo contra la Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Esta vez, ordenó al Estado nacional entregar la lista completa de activos que posee en el exterior, desestimando el pedido del Gobierno de excluir bienes considerados estratégicos, como los de Defensa.

La medida se da en el marco del proceso conocido como discovery, una herramienta del derecho estadounidense que permite a los demandantes buscar información para localizar bienes que puedan ser embargados.

Preska rechazó el argumento argentino, que buscaba limitar el discovery solo a activos "potencialmente embargables", citando precedentes judiciales —como el caso NML Capital— que impiden investigaciones amplias e irrestrictas sobre bienes soberanos. Sin embargo, la jueza fue contundente: Argentina deberá entregar información sobre todos sus activos en el extranjero, sin distinguir entre comerciales o estratégicos.

Una vez reunida esa información, Preska definirá cuáles pueden ser considerados embargables y cuáles quedarían protegidos por inmunidad soberana.

Un caso que crece en tensión

El fallo es parte de una larga batalla legal iniciada por los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes buscan ejecutar la sentencia por US$ 16.100 millones contra la Argentina tras la estatización de YPF en 2012.

El objetivo de los fondos es demostrar que empresas como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, el BCRA y Enarsa actúan como "alter ego" del Estado argentino, lo que permitiría intentar embargar sus activos en el exterior.

Hace pocos días, la misma jueza también había rechazado una moción de reconsideración presentada por la Argentina en relación con el acceso a comunicaciones privadas de funcionarios actuales y pasados, incluidos el ministro de Economía Luis Caputo y su antecesor Sergio Massa. Preska exige correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otros registros digitales que pudieran probar la interferencia estatal directa en decisiones corporativas.

El Gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro, argumentó que esa solicitud violaba la privacidad protegida por leyes locales e internacionales, pero hasta ahora, los intentos por frenar el avance del caso fueron infructuosos.

La presión judicial sobre los activos argentinos en el exterior crece, mientras el país enfrenta una de las condenas más grandes de su historia en tribunales extranjeros.