Régimen Penal Juvenil: el oficialismo avanzó con el dictamen

El proyecto establece en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, con una pena máxima de prisión de hasta 15 años. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con penas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño.
El oficialismo logró este miércoles en la Cámara de Diputados quedarse con el dictamen de mayoría del nuevo Régimen Penal Juvenil que, entre otros puntos, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El despacho logró 81 firmas en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Niñez, Presupuesto y Justicia gracias al apoyo del PRO, la UCR, MID y bloques provinciales.
“Este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable. No se trata de una respuesta improvisada ni de una consigna coyuntural, sino de una decisión institucional para ordenar un sistema que durante décadas funcionó con vacíos, parches y contradicciones”, afirmó Laura Rodríguez Machado, diputada nacional y presidenta del plenario de comisiones.

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Ayer el Gobierno había enviado un proyecto que insistía con bajar la edad de imputabilidad a 13 años pero a las pocas horas lo retiró porque sus principales aliados, el PRO y la UCR, se mantuvieron firmes en fijar el límite en 14 años. Para no correr riesgos, el oficialismo respetó el consenso que se había alcanzado el año pasado.

Por otro lado, el nuevo proyecto establecía, en el artículo 51, bajo el título de Asignación Presupuestaria, un monto específico de $23.739.155.303 para su implementación, desglosando cuánto corresponde al Ministerio de Justicia ($3.131.996.784) y cuánto a la Defensoría General de la Nación ($20.607.158.518).

En la versión del texto que llegó a dictaminarse el año pasado, pero que perdió estado parlamentario en diciembre, el artículo 51 se limitaba a establecer que los gastos derivados de la reforma se cubrirían mediante reasignaciones de partidas, a cargo del jefe de Gabinete. Eso generó malestar entre los gobernadores, que amenazaron con no acompañar la iniciativa si todos los costos recaían en las provincias.