La Justicia frenó el aumento de las cuotas en planes ahorro de autos

El juez civil y comercial de la ciudad de Córdoba Francisco Flores frenó el aumento de las cuotas de planes de ahorro para la compra de autos, estableció un valor base para esos pagos mensuales y resolvió que entre abril de 2018 y noviembre de este año el aumento no puede ser más del 40%.

La causa empezó en agosto, cuando cerca de 300 personas que estaban teniendo problemas para pagar las cuotas de sus planes ahorro de Volkswagen se presentaron ante la Justicia para evitar que les ejecutaran los vehículos a quienes estuvieran en mora.

Unas semanas después, Roberto Cornet, juez del Juzgado Civil y Comercial 41 de la capital cordobesa, dictó una medida cautelar para frenar las ejecuciones y estableció un plazo de 60 días para que quienes no estuvieran al día con el pago de las cuotas pudieran saldar sus deudas.

Ahora, menos de dos meses después, el juez Flores sumó otra medida cautelar: retrotrajo las cuotas a los valores de abril de 2018, ordenó frenar los aumentos de las cuotas de todos los planes involucrados en la demanda y estableció un aumento máximo de los pagos mensuales del 40% a partir de noviembre de 2019.

Esto significa que si una persona pagaba $5.000 por mes en abril de 2018, en noviembre de este año la cuota no deberá superar los $7.000. Si la cuota aumentara de acuerdo a la inflación, el monto a pagar, por ejemplo, en agosto de este año sería de $8.773.

Para Alexis Aimar, el abogado que representa a buena parte de los demandantes, la decisión de Flores es positiva aunque, en diálogo con el medio cordobés La Nueva Mañana, advirtió que “no es una sentencia anticipada, pero deja entrever que el reclamo es justo".

El principal problema para los ahorristas fue que, según el blog CarsDrive, por ejemplo, en abril de 2018 un Volkswagen Gol Trend tenía una cuota de $3.637 y un valor de lista de $305.566, mientras que en septiembre de este año el precio de lista subió a $796.462, lo que equivalía a un pago mensual de $9.160, es decir, un aumento de más de 150%, cuando la inflación en ese período fue de alrededor del 80% aunque los salarios quedaron por detrás del aumento de precios.

Esto afectó la capacidad de pago de las personas, que decidieron recurrir a la Justicia.