Desalojo del Gaucho Gil: "Ya podemos trabajar y terminar las obras"

Según explicó Ortega, la iniciativa para regularizar la situación del predio comenzó cuando el gobernador dispuso su expropiación con el fin de desarrollar un espacio adecuado para los miles de devotos que visitan el lugar cada año. Se realizaron acuerdos con los propietarios legales y se abonaron los montos correspondientes por la compra de las tierras. Sin embargo, la ocupación ilegal de una familia de apellido Orellana retrasó el avance del proyecto.

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La familia Orellana ocupaba el terreno y se atribuía derechos sobre el mismo en nombre de un propietario, sin tener un título válido. Durante el proceso, la justicia dispuso medidas para llegar a un acuerdo y garantizar que tuvieran una alternativa habitacional. Se pactó el pago de más de 45 millones de pesos para que abandonaran el lugar y adquirieran otra vivienda.

Sin embargo, el Fiscal explicó que tras recibir el dinero, la familia no solo incumplió el acuerdo sino que se trasladó unos metros dentro del predio y permitió el ingreso de nuevas personas. Esto derivó en una denuncia por usurpación y una investigación por posible estafa, ya que habían utilizado el acuerdo judicial para obtener un beneficio económico sin desalojar efectivamente la propiedad.

Intervención judicial y desalojo final

Ante la negativa de la familia a retirarse, la Fiscalía de Estado solicitó medidas judiciales. La jueza de garantía de Mercedes ordenó el desalojo, pero la defensa de los ocupantes apeló la decisión y recuso a la Cámara de Mercedes. Finalmente, el Superior Tribunal rechazó las recusaciones y ratificó la orden de desalojo en el término de 10 días. 

El sábado pasado, la Policía realizó un relevamiento y constató que los ocupantes estaban retirando sus pertenencias. No obstante, intentaron desmontar un tinglado de gran magnitud, lo que fue impedido por las autoridades ya que el Estado había adquirido la propiedad con todas sus estructuras. Se inició una causa penal por sustracción de bienes del predio. "Fue un trabajo largo y tedioso. Lo peor de todo es que se ponía en riesgo la obra", dijo. 

Tras un litigio de más de un año y medio, el Estado logró recuperar el predio y asegurar el avance de la obra, que busca potenciar el turismo y mejorar las condiciones para los devotos del Gauchito Gil. El Fiscal de Estado destacó que este caso demuestra la importancia de hacer valer la ley y evitar que particulares se beneficien indebidamente de terrenos que pertenecen a la comunidad. "El vivo vive del que trabaja y la gente eso ya no lo tolera. Debo destacar que el Poder Judicial acompaña al Estado en este tipo de acciones. Ahora ya están dadas las condiciones jurídicas para que podamos trabajar y terminar las obras", dijo.