Continúan los reclamos nacionales por recortes a personas con discapacidad

La Asamblea Discas en Lucha volvió a visibilizar su reclamo frente a la posibilidad de recortes masivos de pensiones no contributivas por discapacidad y otras políticas regresivas del Gobierno Nacional. Laura Arcadia, referente del colectivo y activista por los derechos de las personas con discapacidad, advirtió que “se había amenazado con eliminar hasta 400.000 pensiones”, algo que fue frenado temporalmente con la derogación de una controvertida resolución, pero que no representa una solución definitiva.

"Recuerden que se conoció en el Boletín Oficial la derogación de la Resolución 187, que regulaba las pensiones por invalidez laboral y contenía términos retrógrados y ofensivos como ‘imbéciles’ o ‘débiles mentales’. Era un retroceso absoluto que denunciamos colectivamente", explicó Arcadia.

La resolución también habilitaba auditorías masivas que, según la dirigente, se aplicaban sin garantías mínimas de acceso: “A muchas personas no les llegaban las notificaciones, otras no podían entenderlas. El procedimiento era inaccesible. Si yo, que soy ciega, recibo una carta documento, ¿qué hago? ¿Cómo la leo?”, cuestionó.

Arcadia denunció además que las pensiones “representan apenas el 70% de una jubilación mínima” y que “las personas con discapacidad estamos siempre en un segundo plano, incluso en la militancia por nuestros derechos”.

Otro de los reclamos centrales fue que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vuelva a tener un rol autónomo y transversal en lugar de depender de la Secretaría de Salud. “Asociar discapacidad únicamente con enfermedad es un retroceso. Queremos que se nos reconozca como parte de la diversidad, no como una patología”, sostuvo.

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Durante la movilización del 10 de mayo, desde la Asamblea también exigieron la reincorporación de 350 trabajadores despedidos del área, la declaración de una emergencia nacional en discapacidad, y la reactivación de políticas clave como el acceso al voto y el cumplimiento del cupo laboral. “El 90% de las personas con discapacidad no tienen trabajo. El 4% obligatorio en el sector público no se cumple, y el privado directamente ni se menciona”, afirmó Arcadia.

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