Una localidad santafesina pide ayuda para no desaparecer

Logroño amaneció distinto este sábado. En esta pequeña localidad del departamento 9 de Julio, en el noroeste de Santa Fe, los vecinos salieron a la calle con el objetivo de evitar que su pueblo desaparezca. Ubicado a 32 kilómetros de la ciudad de Tostado, cerca del limite con la provincia de Chaco, la escena resultó inusual para una comunidad de solamente 1.000 habitantes.

La movilización tomó la forma de una pueblada pacífica, organizada por los propios pobladores, que buscan visibilizar la situación crítica que atraviesa la localidad. Logroño, con una población reducida y dispersa, enfrenta decisiones administrativas que podrían afectar su continuidad como comunidad organizada.

Lo singular de la protesta fue la presencia activa de la intendenta, Mariana Cardozo, quien no solo acompañó el reclamo, sino que se sumó a la movilización junto a los vecinos. La jefa comunal decidió ponerse al frente de la protesta y trasladar el pedido a las autoridades del gobierno provincial, que encabeza Maximiliano Pullaro, para evitar medidas que, según denuncian, conducirían al fin del pueblo.

LA CAUSA DEL PROBLEMA

El drama para Logroño comenzó con la instalación de una planta de desmotado de algodón (una actividad en auge en una zona ganadera), que avanzó sobre una zona protegida, talando 30 hectáreas de bosque, en violación de la ley vigente. El Ministerio de Ambiente de Santa Fe denunció la situación y presentó una demanda judicial. El proyecto fue frenado en marzo de 2025 luego de comprobar lo evidente. El daño ambiental existe, reconocido por la empresa y por el gobierno local.

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Mientras la causa sigue su curso en tribunales, Logroño quedó paralizado. Sin obra, sin inversión y sin empleo en una comunidad que ya arrastraba un fuerte atraso estructural. Frente a este panorama, la comunidad impulsó una pueblada pacífica e institucional. Más de 300 vecinos, junto a clubes, escuelas, cooperadoras, comercios, organizaciones sociales y 11 jefes comunales del Departamento de 9 de Julio, firmaron un petitorio formal dirigido al Gobierno de Santa Fe reclamando la apertura de una mesa de diálogo.

En el documento, no solo expresan su preocupación social: reclaman mecanismos de participación ciudadana, amparados en la legislación provincial.

El texto solicita instancias de diálogo y audiencias públicas, al sostener que las decisiones ambientales de alto impacto deben contemplar también sus consecuencias sociales y territoriales.

El clima de la protesta fue definido por los propios vecinos como «pacífico», una consigna que se preservó en todo momento. Sin enfrentamientos ni tensiones con fuerzas de seguridad, la pueblada buscó mantener un perfil de reclamo ciudadano, respetuoso del orden y centrado en la defensa del territorio y la vida comunitaria cotidiana.