Inspeccionaron la Unidad Penal N°10: "Vemos la luz al final del camino para resolver esta situación"

La presentación de un hábeas corpus por las condiciones de alojamiento de las personas internadas en la Unidad Penal N°10 de Corrientes derivó en una inspección encabezada por el juez de Garantías N°6, Juan Manuel Llorente, de la que participaron representantes de distintos organismos estatales y equipos técnicos especializados.

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Jorge Isetta, integrante del Comité Contra la Tortura, dialogó con Radio Sudamericana y valoró la intervención judicial. "La inspección puso blanco sobre negro las cuestiones que nosotros habíamos planteado y pudieron ser relevadas", afirmó.

Según explicó, de la recorrida participaron representantes del Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario Provincial, el Ministerio de Salud, el Instituto Médico Forense, especialistas en infraestructura del Poder Judicial y trabajadores sociales.

Para Isetta, la acción judicial permitió no solo corroborar las denuncias formuladas, sino también generar un espacio de trabajo conjunto. "Nos halaga que esto haya permitido la visualización del problema y la apertura de un diálogo entre todas las partes involucradas", sostuvo.

Actualmente, en la Unidad Penal N°10 permanecen alojadas 44 personas. De ese total, solo seis continúan vinculadas a procesos penales, mientras que el resto son personas con padecimientos de salud mental, algunas sobreseídas o declaradas inimputables, que continúan bajo tutela estatal.

"Son personas que no están en conflicto con un régimen penitenciario, pero de todas maneras siguen alojadas en una unidad penal", explicó.

Durante la inspección, los equipos técnicos recorrieron pabellones, baños, cocina y espacios de aislamiento. Sobre este último punto, Isetta indicó que se discutieron prácticas vinculadas al confinamiento de personas con problemas de salud mental.

"Le explicamos a los técnicos que el aislamiento está prohibido por las prácticas de tratamiento de personas con discapacidad y por los estándares internacionales de derechos humanos", señaló.

El referente del Comité destacó además la predisposición de los distintos organismos para abordar la problemática y resaltó el rol asumido por el magistrado.

"Nos sorprendió la dinámica que le imprimió el juez. No tengo recuerdo de haber visto una inspección multidisciplinaria de estas características", expresó.

La recorrida se extendió durante aproximadamente tres horas y derivará en una nueva audiencia una vez que se completen los informes técnicos y médicos solicitados por el juez.

"Creo que está encaminada la situación a una solución", manifestó Isetta, aunque aclaró que aún no pueden anticiparse medidas concretas porque dependerán de los diagnósticos finales y de las decisiones que adopten los ministerios involucrados.

Durante la entrevista, el integrante del Comité también se refirió a una reciente inspección realizada en Gobernador Virasoro, donde detectaron el caso de una mujer detenida por una causa de homicidio que, según relató, permaneció esposada a una cama durante una semana en una dependencia policial.

"Nos llamó la atención la situación de alojamiento y las condiciones que ella misma nos describió", indicó.

Además, cuestionó las diferencias existentes entre las condiciones de detención de hombres y mujeres en la provincia, particularmente en el Instituto Pelletier.

"Notamos asimetrías importantes en cuestiones como el uso de teléfonos celulares, las visitas y las requisas. En algunos aspectos, el tratamiento de las mujeres es más restrictivo que el de los varones", afirmó.

Respecto al uso de teléfonos celulares en contextos de encierro, Isetta sostuvo que el Comité mantiene una postura favorable a su utilización regulada.

"Creemos que la pena afecta únicamente la libertad ambulatoria y no otros derechos como el derecho a la comunicación", explicó.

Finalmente, destacó que el diálogo institucional abierto tras la presentación del hábeas corpus representa una oportunidad para mejorar las condiciones de alojamiento y atención de las personas internadas.

"La intención no es judicializar las cuestiones. Cuando no encontramos respuestas administrativas recurrimos a estas acciones, pero celebramos que hoy podamos trabajar de manera colaborativa para encontrar soluciones", concluyó.