Investigan presunta estafa con 2000 cabezas de ganado

La justicia de Corrientes investiga un presunto fraude de $50 millones por la falta de 2000 cabezas de ganado de la empresa Landver SA, en la localidad de Curuzú Cuatiá. Tanto la propietaria de la hacienda, como la firma Balboa y Bobbio SRL,  mantenían una relación comercial entre sí. Años atrás, ambas sociedades iniciaron un acuerdo de capitalización de hacienda a campo en el establecimiento Buena Vista, que Landver poseía en esa región.

Rómulo Bobbio, socio de la mencionada SRL Balboa y Bobbio, era el responsable de todos los actos de administración, como sanidad y vacunación de los animales, trámites ante los organismos públicos, ventas y liquidaciones y contaba con poderes y autorizaciones de Landver a ese efecto.

“Los socios de Landver vivían en la ciudad de Buenos Aires por lo que debieron delegar esa administración. Esa administración constituía el aporte de Balboa y Bobbio al negocio”, contó la abogada de la compañía, Silvia Piaggio, que denunció ser damnificada.

En julio de 2019 Landver vendió el campo, por lo que tuvo que desocuparlo para entregarlo a fines del mes siguiente. La compañía decidió desprenderse de las casi 2000 cabezas de ganado y firmó un contrato de venta en consignación con la sociedad de Bobbio en octubre de ese año para que se encargue de la comercialización.

De la investigación surge que, al resultar difícil la venta total de la hacienda de manera rápida, Bobbio ofreció trasladar la hacienda al campo Santa Ana del Trébol, perteneciente a su familia. “El contrato de consignación se prorrogó dos veces. Mientras tanto se le requerían infructuosamente rendiciones de cuentas, así como poder inspeccionar el estado de la hacienda en el campo de la familia Bobbio”, afrimó Piaggio.

Los hechos

En este contexto, y agotadas las tratativas, se enviaron cartas documento para que restituya la hacienda. Bobbio respondió de la misma manera, reconociendo que tenía en su campo las 1966 cabezas de propiedad de Landver, en virtud del contrato de consignación. “Sin embargo, siempre se negó a exhibir la hacienda, aduciendo el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)”, aclaró Piaggio.

Ante la negativa, en agosto del año pasado, un representante de la firma propietaria se hizo presente en el campo en compañía de Agustín Bianchi, escribano de la localidad vecina de Mercedes, a fin de constatar la existencia y el estado del ganado y proceder luego a su retiro. Según consta en el acta labrada por el escribano, Bobbio reconoció que tenía la hacienda pero no facilitó el ingreso al establecimiento ganadero.

Ello motivó, a través del abogado correntino Matías Mosca Tressens, el inicio de la denuncia penal por supuesta administración fraudulenta y retención indebida ante el Juzgado Criminal y Correccional de Primera Instancia de Curuzú Cuatiá, a cargo del juez Martín Vega, siendo la fiscal actuante María Alejandra Talamona.

Según el dictamen de la fiscal, los eventuales daños y perjuicios invocados por la firma damnificada “guardan estrecha relación con los hechos investigados en la presente causa, los que ascienden a la suma estipulada de cincuenta millones de pesos, conforme el hecho descrito en el requerimiento de instrucción formal”.

La investigación fue avanzando y durante las audiencias testimoniales entre las personas que testificaron en el juzgado figuran peones, transportistas de hacienda, funcionarios del Senasa y arrendatarios de Bobbio. En el expediente figura el testimonio de varios productores a quienes Bobbio les brindaba apastaje desde hace mucho tiempo que manifestaron que nunca vieron ingresar esa cantidad de hacienda por esos meses.

En tanto, surge de la prueba documental una serie de presuntas irregularidades con los organismos públicos de sanidad de la provincia como así la emisión de facturas de venta de ganado de Landver a un tercero. Al ser citado a declarar, ese supuesto comprador manifestó que jamás compró hacienda a Landver ni había recibido esa factura o pagado el precio.

Luego, en septiembre de 2020, se ordenó el allanamiento en el campo Santa Ana del Trébol, donde solo se comprobó la existencia de unos pocos toros con la marca registrada de Landver pero el resto de los animales no se encontraba en el lugar. Con esas pruebas, el juez Vega citó a prestar declaración indagatoria a Bobbio, que luego quedó detenido. Además, se le decretó la prohibición de comercializar hacienda. Días después fue liberado bajo el pago de una fianza de $5.000.000.

Contrariamente a lo que dijo la fiscal en su escrito de que “no existen dudas de quien debe responder por el daño patrimonial proveniente del delito es Rómulo Bobbio y no la SRL”, el juez consideró que Bobbio es presunto responsable penal pero no responsable civil derivando esta última responsabilidad a la SRL que él mismo integra.

Cuando los representantes legales de la parte damnificada solicitaron ser tenidos como actores civiles en el juicio penal, esto fue denegado por el juez. La firma luego solicitó un embargo para asegurar el reclamo del perjuicio sufrido. “El juez confundió los conceptos jurídicos por cuanto la responsabilidad que se le endilga a Bobbio deriva de los presuntos ilícitos que solo pueden ser cometidos por una persona física y no de los contratos que firmó la SRL”, sostuvo la abogada.

FUENTE: La Nación