Policías insurrectos ahora protestan en el Puente y reclaman inmunidad

El acuartelamiento policial que derivó con el correr de los días en manifestaciones y reclamos callejeros, recrudeció entre la noche del miércoles y ayer, luego de que un grupo de efectivos y familiares interrumpieran el tránsito en el puente interprovicial Manuel Belgrano.

La gravedad de la acción, sumado a que el conflicto en sí ingresa hoy en su décimo sexta jornada, movilizó ayer a funcionarios de rango del Poder Ejecutivo que ensayaron un nuevo acta de acuerdo para terminar con la insurrección. No hubo acuerdo y en horas de la mañana el propio Gobierno, a través de su oficina de informaciones, dio por fracasado el intento, anunciando además la realización de sumarios administrativos y abriendo la puerta a la posibilidad de un desalojo forzado si es que así lo determina la Justicia Federal con jurisdicción en esa ruta nacional.

Tal cual se informó oficialmente, “el intento de concertar con la minoría policial que todavía reclama no ser sancionada por acuartelarse, fracasó cuando los líderes del sector se negaron a suscribir un compromiso según el cual las medidas disciplinarias a aplicar por la Jefatura de Policía no serían generalizadas sino sujetas a un análisis caso por caso de las adhesiones a la protesta por parte de los efectivos que rompieron la cadena de mandos”.

Fue lo que explicó el fiscal de Estado de la Provincia, Fernando Carbajal, para quien “no se pudo llegar a un entendimiento porque directamente la intención del grupo que se encuentra en el puente no es solucionar nada sino continuar generando una sensación de desorden que en la realidad no es tal. Y cuando empezaron a pedir imposibles nos dimos cuenta de que estaban allí por otros motivos que no son siquiera los reclamos salariales”, opinó Carbajal tras dar por terminadas las negociaciones.

Enterado de la situación, el gobernador Arturo Colombi ordenó desde Curuzú Cuatiá –donde inauguró un frigorífico- la prosecución de los sumarios administrativos iniciados por el Jefe de Policía contra los miembros del grupo insubordinado, una decisión que el titular del Poder Ejecutivo mantendrá, según se supo, "hasta las últimas consecuencias”.

Para el Gobierno, en los hechos quedó demostrado que muchos de los que todavía persisten con las medidas de fuerza ya no están en condiciones de pertenecer a la fuerza y han perdido incluso el estatus policial.

“Las personas que siguen en el puente, que por suerte no son más de 50, deben entender que han iniciado un camino sin retorno al vulnerar el principio de respeto a la autoridad”, añadió el jefe del servicio jurídico del Estado.

Por otra parte, advirtió que los encargados dedesalojar el puente General Belgrano son “la Justicia Federal y sus fuerzas auxiliares, como Gendarmería, algo que no está dentro de la potestad del Gobierno de Corrientes por razones de jurisdicción”.