Recorte de fondos provinciales: Santa Fe llevaría el caso a la Justicia

Esta semana, el gobierno encabezado por Javier Milei ejecutó medidas controvertidas que impactaron al sistema jubilatorio y educativo de varias provincias argentinas. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 280, se anunció la eliminación de los anticipos de pagos a las cajas jubilatorias de 13 provincias, así como la supresión total del Fondo de Incentivo Docente (Fonid).

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Estas acciones, tomadas justo días antes de una nueva reunión entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales para discutir el llamado Pacto de Mayo, han generado un nuevo foco de conflicto en las relaciones entre el Gobierno Nacional y las provincias.

Uno de los primeros en reaccionar ante estas decisiones fue Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe. Según Jorge Boasso, Secretario de Seguridad Social santafesino, el mandatario santafesino expresó su rechazo al recorte de fondos para los jubilados provinciales, calificándolo como "otro golpe al interior". 

Boasso subrayó que la medida representa un incumplimiento de acuerdos previamente establecidos y aprobados legalmente.

El conflicto se inició con la derogación de la prórroga de los recursos destinados a las cajas jubilatorias provinciales, así como la eliminación del Fonid y del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior.

"Las cajas de jubilaciones no son una casta. Son el resultado del ahorro de los trabajadores a lo largo de toda su vida laboral para asegurar una vejez digna", declaró Boasso a Cadena 3. Añadió que la Nación adeuda a Santa Fe aproximadamente $700.000 millones.

En su momento, Pullaro advirtió que una de las condiciones para su firma en el Pacto de Mayo era el pago de estas obligaciones. "Es urgente aprobar una ley de coparticipación inversa, en la cual los municipios y provincias recauden y luego coparticipen a la Nación", agregó el secretario.

Según datos oficiales de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, en noviembre del año pasado había 100.356 beneficiarios, con un haber promedio de $571.503.

Además de Santa Fe, otras trece provincias se ven directamente afectadas por estas medidas. Entre ellas se encuentran Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.