Barrios populares: "Si no se renovaba la ley iban a iniciar los desalojos"

El Diputado radical Fabio Quetglas dialogó con Radio Sudamericana ya que este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que prorroga el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, a la vez que incorpora una serie de modificaciones a la norma actual.

“Argentina tiene hace 120 años personas viviendo en asentamientos urbanos, sin títulos y carecen de los servicios esenciales. Mauricio Macri lo que hizo fue crear un registro de barrios populares y una vez que se tuvo esa información se buscó la solución mediante una ley: en el caso de los terrenos públicos el estado lo cede y en el caso de los privados se establece una expropiación con el pago del valor de su terreno”, explicó Quetglas.

“Cuando se arregla un barrio popular y se urbaniza, los vecinos de los barrios aledaños lo viven con mucho alivio también porque les mejora el valor inmobiliario de su casa, muchas veces les mejora la movilidad porque pueden entrar los colectivos. No solucionar este tema es bajar la guardia respecto de que hay lugares de nuestras ciudades que quedan fuera del control público, por algo dicen que hay zonas donde no entra la policía entonces tenemos que plantearnos si queremos resolver este tema o no”, dijo.

“En octubre vencía la suspensión de los desalojos y si no se renovaba la ley iban a iniciar los desalojos en varios barrios que iban a terminar con enfrentamientos con la policía y malestar social”, dijo y aclaró que la pandemia demoró la implementación de la ley.

Según el ReNaBaP aproximadamente 5 millones de argentinos viven en la informalidad urbana, lo que representa entre el 12% y 13% de la población.

¿QUÉ DICE EL PROYECTO APROBADO EN DIPUTADOS?

Se trata de una ley aprobada en 2018, impulsada por los entonces oficialistas Elisa Carrió, Nicolás Massot y Mario Negri -actualmente diputado-, y que se aprobó por unanimidad en ambas cámaras en aquella ocasión.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo de la Nación en septiembre pasado y en la sesión especial del miércoles 13 de octubre fue aprobado por el pleno por 227 votos afirmativos, 2 negativos -Francisco Sánchez (Pro) y Carolina Píparo (Avanza Libertad)- y 3 abstenciones, de Gustavo Hein (Pro), Marilú Quiroz (Pro) y Carlos Zapata (Ahora Patria).

A través de la iniciativa se contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley.

Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.

Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.

Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. “Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho”, agrega el articulado.

También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.

Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.

Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.